El gobierno ecuatoriano ha implementado una medida extraordinaria para enfrentar la crisis energética que afecta al país. El Ministerio de Trabajo estableció un régimen laboral temporal que modifica la semana de trabajo en los sectores privados. Esta acción, regulada por el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-200, responde a la situación actual, en la que los apagones programados son de ocho horas diarias, no consecutivas.
El acuerdo, firmado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se sustenta en la emergencia declarada previamente por el Ministerio de Energía y Minas, que estableció la necesidad de “ejecutar todas las acciones necesarias urgentes en el sector y sus entidades adscritas para atender la adquisición, arrendamiento y generación adicional de energía eléctrica” . La medida busca salvaguardar el suministro de energía y evitar mayores afectaciones a la productividad del país.
Con la expedición de la medida, el Ministerio del Trabajo introdujo el concepto de “Pico y Placa eléctrico”, que permite modificar temporalmente la jornada laboral de manera voluntaria entre empleadores y trabajadores. Las jornadas podrán distribuirse en horarios de 10 horas diarias de lunes a jueves, o de jueves a domingo, siempre respetando el límite de 40 horas semanales. Este régimen no implica un cambio definitivo en los contratos laborales ni una alteración permanente en las condiciones de trabajo. El acuerdo indica que se garantiza que las horas trabajadas que excedan las 40 horas semanales serán remuneradas conforme al Código del Trabajo.
La crisis energética en Ecuador, según el Decreto Ejecutivo No. 355, se atribuye al estiaje, un fenómeno que ha reducido considerablemente la capacidad de las hidroeléctricas del país. El gobierno, a través del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), ha coordinado con empresas generadoras y distribuidoras de energía para cubrir la demanda y garantizar un suministro adecuado. Sin embargo, la situación es grave, con apagones programados que afectan la cotidianidad de los ciudadanos a escala nacional.
Además de la sequía que ha reducido considerablemente los niveles de agua en las represas, la crisis energética de Ecuador se agrava por la falta de mantenimiento en las centrales termoeléctricas. La dependencia del país en la generación hidroeléctrica, que cubre cerca del 80% de la demanda energética, ha dejado en evidencia las vulnerabilidades del sistema, ya que al no contar con fuentes alternativas, la capacidad de respuesta ante el estiaje es limitada. La escasez de agua en los embalses afecta directamente la producción de energía, dejando al país en una situación crítica.
Entre las medidas implementadas por el gobierno está la contratación de una barcaza de generación eléctrica que inició operaciones comerciales en septiembre de este año. Las autoridades informaron que la embarcación proveería 100MW/h. Infobae analizó 19 días de producción de la barcaza y verificó, con datos oficiales, que el promedio de generación de la barcaza es de 87MW/h.
El Acuerdo Ministerial tiene como objetivo preservar el empleo y minimizar el impacto económico en los trabajadores y las empresas afectadas. Según lo estipulado, aquellos que pacten esta modificación temporal tendrán derecho a un día adicional de descanso, además de las 48 horas consecutivas que establece el Código del Trabajo.
El acuerdo también establece que los empleadores deberán registrar estos cambios en la plataforma del Sistema Único de Trabajo (SUT) dentro de un plazo de 30 días tras la suscripción del pacto laboral. Asimismo, las autoridades del Ministerio del Trabajo realizarán los controles necesarios para asegurar que se cumplan los derechos de los trabajadores.
La modificación temporal de la jornada terminará de manera automática cuando finalice la emergencia eléctrica nacional o si ambas partes —empleador y trabajador— acuerdan restablecer las condiciones previas del contrato laboral. El documento establece que ningún empleador podrá utilizar este acuerdo como un instrumento para modificar de manera permanente la jornada laboral habitual.
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