El Tribunal Electoral descartó que el asesinato del diputado Julio Portillo constituya violencia electoral en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala determinó que el asesinato del diputado Julio Portillo no califica como violencia electoral, debido a que no existen indicios que vinculen el hecho armado con el desarrollo de la contienda política.

La postura institucional fue expuesta este lunes 9 de noviembre al concluir la inauguración de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, instancia creada con vistas a las elecciones generales previstas para 2027.

Frente a los cuestionamientos de la prensa, el magistrado de la entidad, Mario Velásquez, deslindó las competencias de la autoridad de comicios frente a hechos criminales cuya persecución corresponde a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público (MP).

El criterio técnico separa las disputas de urnas de los delitos comunes

Durante su alocución ante los medios de comunicación, Velásquez remarcó que las atribuciones del ente colegiado se limitan estrictamente a los incidentes derivados de la pugna comicial.

“Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre la conflictividad electoral y la violencia que existe en el país, que puede ser violencia política, puede ser violencia común o puede ser de muchos factores”, expuso el funcionario al fijar el margen legal de actuación del órgano electoral.

Bajo esa misma línea argumentativa, el magistrado descartó que la muerte del congresista pueda incorporarse en los registros de conflictividad comicial.

“Hoy por hoy ningún hecho de violencia podemos considerarlo nosotros como conflictividad electoral, porque no se tiene determinado que sea por el proceso electoral”, explicó Velásquez ante los periodistas.

A su vez, el togado manifestó el pesar de la institución por el suceso: “Lamentamos mucho el fallecimiento del señor diputado, así como de las personas que le acompañaban, así como lamentamos todos los hechos de violencia que se dan en el país”.

Agregó: “Pero ese no es un proceso que el Tribunal Supremo Electoral pueda estudiar y pueda de alguna manera contrarrestar, porque no corresponde al Tribunal Supremo Electoral”.

Para fundamentar la postura, el magistrado del TSE detalló cuáles son los sucesos que sí encajan dentro de la violencia electoral.

“¿Cuándo lo podemos determinar así? Bueno, una quema de papeletas, un problema dentro de un centro de votación, una disputa entre dos simpatizantes de organizaciones políticas. Eso es porque surge justamente del proceso electoral y de las pasiones que se levantan dentro de un proceso electoral”, precisó.

Según indicó, cualquier manifestación violenta en torno a actores políticos que carezca de un vínculo demostrado con la disputa de votos queda por completo fuera de sus facultades de fiscalización o prevención.

Con las manos atadas

El magistrado reiteró que la entidad no cuenta con facultades legales de persecución penal ni de averiguación previa frente a atentados contra figuras públicas.

“La violencia política, la violencia alrededor de los actores políticos no es algo que el Tribunal Supremo Electoral pueda analizar, pueda desde nuestras competencias dar seguimiento, porque son competencias exclusivas de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, no del Tribunal Supremo Electoral”, aseveró.

El funcionario insistió en que el mandato del Tribunal se enfoca en resguardar la logística del sufragio y la integridad física de las personas en las sedes de votación.

“Nuestra función y nuestra mesa (de Seguridad) es para prevenir la conflictividad que surja del proceso electoral y en ese orden de ideas, pues hechos como el que se ha mencionado no es un asunto que de momento pueda darse o tenerse como relacionado con el proceso electoral”, concluyó Velásquez en referencia directa a la agresión contra el parlamentario de Guatemala.

Una emboscada en Río Hondo terminó con la vida del legislador y de tres custodios

El ataque armado en el que murió Julio Portillo ocurrió la tarde del viernes 6 de noviembre a la altura del kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

La comitiva en la que viajaba el legislador fue emboscada frente a una sede policial por un grupo de atacantes armados con fusiles de asalto, quienes dispararon de manera directa contra los vehículos de la comitiva.

A raíz de la refriega armada, fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la escolta del diputado: Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus labores al responder al fuego.

Portillo, de 35 años, sufrió múltiples impactos de proyectil en el rostro y en la cabeza; aunque ingresó con signos vitales al Hospital Regional de Zacapa, murió horas más tarde en la sala de operaciones.

Los peritos del MP levantaron 57 indicios balísticos de grueso calibre en el escenario del ataque. Portillo ocupaba una curul para el periodo legislativo 2024-2028 en representación de Zacapa; había accedido al Congreso por el partido Cabal y el pasado 31 de octubre formalizó su adhesión a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Tras el crimen, la dirigencia de la organización política y diversos sectores parlamentarios exigieron una investigación expedita para identificar tanto a los ejecutores materiales como a los autores intelectuales del atentado.