La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una nueva ley que impone penas de cárcel a quienes publiquen contenido desfavorable al régimen en redes sociales. La propuesta consiguió la luz verde por unanimidad y fue considerada de carácter urgente.
Específicamente, la norma establece sentencias de entre tres y cinco años de prisión y multas a las personas -en el país o en el exterior- que difundan en redes datos que provoquen “alarma, temor, pánico o zozobra” en la población. Asimismo, si una publicación es considerada promotora de la discriminación, el odio o la violencia, o que pone “en peligro la estabilidad económica, social o el orden público”, entonces ese usuario enfrentará penas de entre cinco y diez años tras las rejas.
El oficialismo aseguró que la ley “fortalece la prevención, el enfrentamiento, la investigación y la judicialización de los delitos (...) a través de los sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales”, aunque desde la oposición fue vista con “alarma” y descrita como una “ley mordaza” que busca silenciar más a la disidencia.
Uno de los puntos más cuestionados por este sector es que el texto, que cuenta con 48 artículos, contiene 25 definiciones, pero en ningún momento define dos conceptos clave para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada. Esto deriva en que sea el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que acaben por decidir qué es o no una información falsa o si alguna información produce alarma, temor o zozobra, según alertó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
“Las redes sociales fueron fundamentales para la denuncia de las graves violaciones a derechos humanos” en Nicaragua, sumó por su parte Salvador Marenco, abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, y lamentó que la “política de represión transnacional” del oficialismo derive en una “materialización del control total de las redes sociales”.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, el binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo ha estado emprendiendo nuevas acciones con el objetivo de acallar a la oposición y controlar todos los contenidos relativos a su país. Parte de estas tareas implicó, en 2020, la introducción de una primera ley de ciberdelitos, que llevó al arresto de varios periodistas y opositores en el país bajo el cargo de “propagación de noticias falsas”.
También, la semana pasada, el Parlamento dio luz verde a una reforma del código penal, que impuso condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por “delitos contra el Estado” sobre cualquier persona en cualquier parte del mundo, lo que demostró, una vez más, la voluntad del régimen de ir por todo.
Como parte de esta persecución, la víspera, el régimen sandinista formalizó el destierro de 135 presos políticos y opositores que habían sido trasladados por Estados Unidos a Guatemala, “condenados por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, el terrorismo, la desestabilización económica, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”, según se lee en una nota difundida por la Corte Suprema de Justicia.
A ellos, a su vez, se les decomisaron todos sus bienes, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de éstos ocasionaron a la población y al país”.
Con ellos ya son 451 los opositores nicaragüenses que están privados de su nacionalidad.
(Con información de AFP y EFE)
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