Abelardo de la Espriella ya tendría en sus manos demoledor documento que mostraría graves denuncias contra la administración de Gustavo Petro

Un grupo de representantes a la Cámara de la bancada de oposición remitió el miércoles 15 de julio un extenso informe remitido al Comité de Empalme del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que se consignaron denuncias sobre posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas y deficiencias en la gestión pública durante el mandato de Gustavo Petro; mandatario al que le restan solo 23 días en el poder.

El documento, que fue compartido por el reelecto representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, solicitó que los hallazgos sean evaluados por los equipos técnicos de la administración entrante, ante lo que sería, al parecer, la gravedad de los mismos, que dejarían comprometido, según reveló el congresista, al país en diferentes frentes; en especial en materia de seguridad e infraestructura.

“Nuestro deber durante estos cuatro años fue ejercer un control político serio, técnico y permanente, siempre en defensa de los colombianos y de las instituciones. Hoy ponemos ese trabajo al servicio del empalme para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, porque creemos que Colombia merece un gobierno que haga las cosas mejor", dijo Triana.

El texto fue suscrito, además, por los parlamentarios Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Hernán Cadavid, Jorge Méndez Hernández, Juan Espinal y Christian Garcés. Los congresistas afirmaron que el material surge de debates de control político, derechos de petición, mesas técnicas, audiencias y revisión documental desde el 7 de agosto de 2022; día en el que Petro tomó juramento como el presidente 61 de Colombia.

Así le pusieron la lupa a la asignación de recursos y contratos en el sector público

El citado informe advirtió que el Gobierno suscribió 1.065 contratos y transferencias por 1,9 billones de pesos con organizaciones indígenas entre 2022 y marzo de 2026. La mayor parte de estos recursos se concentró en entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda; y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) fue la principal beneficiaria.

En paralelo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó más de 36 esquemas de seguridad sin estudios técnicos de riesgo, al asignar vehículos blindados y escoltas a personas vinculadas con el oficialismo. Esta entidad ha estado en el ojo del huracán tras el atentado contra el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, cuyo hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 y terminó ocasionándole la muerte dos meses después.

La “precaria” gestión presupuestal del Gobierno Petro y la ejecución de recursos

Por su parte, se evidenció un incremento sostenido de colombianos que salen del país para establecer residencia en el extranjero. Entre 2021 y 2024 se registraron 18,5 millones de salidas, de las cuales el 24,2% fueron por residencia. Además, el documento en mención señaló que Colombia asumió el costo de 44 vuelos chárter para deportados desde Estados Unidos; un gasto que antes era cubierto por ese país.

El documento reportó recortes presupuestales por 2,2 billones de pesos para Antioquia en 2025, lo que afectó sectores como agricultura, educación, transporte y cultura. Del mismo modo, en materia de salud, la ejecución de proyectos cayó al 4% del presupuesto anual en 2025, mientras que la contratación por prestación de servicios aumentó un 80% entre 2023 y 2024; lo que encendió las alarmas en los congresistas.

En lo que respecta al sector educativo, se identificaron atrasos en el pago de cesantías y deudas con universidades públicas, así como anuncios de proyectos sin soporte técnico ni financiero, como el multicampus universitario de San Andrés: que fue una de las promesas de campaña del saliente jefe de Estado, pero que por lo registrado se quedó en solo un anuncio, en una de las deudas con la comunidad.

Números rojos en las áreas de justicia, seguridad y defensa; y deuda en el sector agrícola

El informe documentó que el 99% de las denuncias por hurtos informáticos entre 2023 y 2025 no avanzó más allá de la etapa de indagación, con solo el 0,003% de los casos llegando a juicio o sentencia; a lo que se suma que se hallaron inconsistencias en cifras oficiales sobre muertes y reconocimientos a miembros de la fuerza pública; así como una reducción del 64,6% en los recursos para mantenimiento de la flota aérea.

En ese ámbito, en 2024 se denunció que 10 helicópteros MI-17 permanecían parqueados en Tolemaida por falta de mantenimiento y repuestos. A esto suma la caída de cinco aeronaves de ala rotatoria entre marzo de 2023 y abril de 2024, con 21 fallecidos, y una respuesta de la Embajada de la Federación Rusa que, según el texto, contradijo la versión oficial sobre la suspensión de contratos con la empresa Nasc.

Entretanto, en inteligencia, los representantes dejaron otra de las advertencias más delicadas: la exposición pública de 32 GB de información reservada en servidores de la presidencia sin autenticación. El material comprometido incluía mapas de inteligencia militar, coordenadas GPS de campamentos de reintegración, bases de datos de la UNP y alertas de la Defensoría del Pueblo sobre líderes sociales en riesgo.

Ya en lo referente en el sector agrícola, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reconoció una brecha entre las metas anunciadas y la entrega efectiva de tierras. De los 3 millones de hectáreas prometidas, solo 88.346 cuentan con registro definitivo; y se evidenció cómo se registró una adjudicación de predios en zonas protegidas y falta de consultas con comunidades locales sobre este tipo de acciones del Ejecutivo.

Así le fue a Gustavo Petro en salud y programas sociales

En salud, los congresistas describieron un deterioro simultáneo de indicadores sanitarios y de ejecución presupuestal. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años pasaron de 10.592 en 2020 a 24.017 en 2024, en un aumento del 126,7%, mientras entre 2020 y 2024 se registraron 967 muertes asociadas a esa condición, en cifras que serían preocupantes.

A eso agregan que, con corte a junio de 2025, el Ministerio de Salud reportó un presupuesto de inversión de $1,93 billones, de los cuales solo había obligado $64.208 millones. La cifra equivale, según el informe, al 4% del presupuesto anual y al 8% de los recursos comprometidos en ese momento. En ese sentido, se advirtió sobre la situación de EPS Sanitas y la suspensión de servicios de 28 IPS por incumplimientos en los pagos.

Por otra parte, en el área social, el programa Jóvenes en Paz presentó inconsistencias en la base de beneficiarios y bajo nivel de cumplimiento de metas en proyectos para la población vulnerable. La reducción de la cofinanciación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para atención a la primera infancia en Bogotá dejó sin cobertura a más de 2.300 menores en 2025; uno de los aspectos reseñados.

Y es que informe también señaló la falta de ejecución real en el programa Paz Total, que comprometió 956.000 millones de pesos en 2024 sin registrar pagos efectivos. Al igual que la falta de coordinación entre entidades estatales en la gestión de la política de paz, el avance limitado de negociaciones con grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo y la ausencia de resultados verificables.

Ecopetrol también fue objeto de análisis por el bloque opositor

Por último, en conectividad digital, el documento evidenció retrocesos en departamentos como Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde miles de hogares perdieron acceso fijo a internet entre 2021 y 2024. Y en minas y energía, se denunció el incremento de gastos en viajes y publicidad de Ecopetrol y posibles irregularidades en contratos para soluciones solares, lo que también fue expuesto en el documento.

En efecto, en lo relacionado con la estatal petrolera, el documento afirma que entre 2022 y junio de 2025 la empresa adelantó 93.885 desplazamientos nacionales e internacionales con un costo acumulado de $164.047 millones; mientras que los viajes internacionales representaron apenas el 1,36% del total, pero concentraron el 31,56% del gasto, en un dato que reflejaría, según los denunciantes, el nivel de derroche.

La revisión incluye la estrategia de publicidad institucional. Según la información citada, a junio de 2025 Ecopetrol había ejecutado $24.879 millones en un contrato con McCann Erickson Corporation S.A. y registraba una ejecución inicial de $56,7 millones en otro contrato con Century Media S.A.S., ambos celebrados por cuantía indeterminada; y que influirían en la crisis que atraviesa la compañía.