El régimen de Daniel Ortega formalizó el destierro de los 135 presos políticos y opositores que fueron trasladados por Estados Unidos a Guatemala.
A través de una nota, la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano informó sobre “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional”.
Y siguió: “En ese orden, la resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la Población y al País; con lo cual, se hace Justicia Efectiva, a las víctimas de estos delitos”.
Por último, la Sala Penal confirmó el “compromiso y deber jurídico constitucional” de “exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos” contra la población; y, en ese sentido, “la decisión de mérito constituye un paso más, en dirección al legado de Paz, Solidaridad, Dignidad, Justicia, Verdad y Convivencia pacífica, que demanda nuestro Pueblo”, concluyó.
Por su parte, el Gobierno estadounidense afirmó este lunes que no hubo “intercambios ni concesiones” en la liberación el pasado jueves de 135 presos políticos en Nicaragua, instalados de forma provisional en Guatemala.
“Las autoridades de Nicaragua tomaron su propia decisión de liberar a esas personas y permitir que EEUU facilitara su transporte a Guatemala. No hubo intercambios ni concesiones”, dijo en una llamada con la prensa el subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein.
Estados Unidos, según señaló, ejerce una “presión constante de manera pública y privada para que se libere a personas encarceladas injustamente en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales”.
Los 135 nicaragüenses llegaron por avión a Guatemala el 5 de septiembre de madrugada después de varios meses de negociación entre el régimen de Nicaragua y el gobierno estadounidense. Ni EEUU, ni Guatemala, ni tampoco Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.
En febrero de 2023, el régimen de Nicaragua excarceló a 222 presos políticos y los expulsó del país. En aquella ocasión, tras la excarcelación, fueron trasladados al aeropuerto internacional de Managua para subir a un avión con destino a Washington.
Esta última liberación, añadió Jacobstein, fue resultado de meses de presión, aunque la ejecución del plan tuvo lugar “de forma rápida y EEUU trabajó con celeridad para facilitar el viaje y garantizar que llegaran en condiciones seguras”.
El representante estadounidense subrayó que Guatemala fue un “socio natural” en esos esfuerzos dado su liderazgo “en la promoción de la seguridad, la prosperidad, la democracia y justicia en la región”.
Instó además al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos del país y urgió a la comunidad internacional a mantener la presión al respecto.
El grupo tiene la oportunidad de acogerse a las vías legales para solicitar su instalación en Estados Unidos u otro país. De momento, según Jacobstein, Washington trabaja “de forma estrecha” con el gobierno guatemalteco, socios humanitarios y de la sociedad civil para atender las necesidades de los excarcelados.
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