Este lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Añez por el caso denominado “Masacre de Senkata”, en el cual se la acusa de genocidio y se pide la pena máxima de 30 años de prisión. También están acusadas otras cinco autoridades declaradas en rebeldía, entre ellas los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López.
El procurador general del Estado, César Siles, informó que debido a los delitos de genocidio, violación a los derechos humanos, tortura, persecución y crímenes de lesa humanidad, espera que Añez reciba la máxima condena sin derecho a indulto.
“Es el juicio que estamos esperando todos, es el juicio de las muertes que más nos han dolido, es el juicio de las masacres y seguramente el pueblo está esperando la máxima condena”, manifestó en entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
Siles agregó que se presentará documentación que demuestra que se violaron los derechos humanos de las víctimas. “Las pruebas son los levantamientos de cadáveres, pruebas testificales, certificados médicos forenses, certificados de defunción”, explicó y recordó que se tiene el registro de diez personas fallecidas y varias heridas en los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto.
Siles explicó que el proceso no terminará con la sentencia ya que una vez que se la obtenga, se realizará la reparación integral de las víctimas que al margen de la indemnización económica “involucra también memoria, construcción de casas de la memoria, justicia, conclusión de los procesos y demás”.
La expresidenta Jeanine Añez se encuentra detenida en una cárcel de La Paz por el caso Golpe de Estado II y cumple una condena de diez años, luego de que la Justicia dictaminara que su llegada a la Presidencia fue inconstitucional y no se trató de una sucesión legítima.
A cinco años de Senkata
El caso por el que se juzgará a partir de este lunes a la expresidenta Jeanine Añez ocurrió el 19 de noviembre de 2019, una semana después de que asumiera la Presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales.
Ese día las Fuerzas Armadas intervinieron una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la zona de Senkata, en El Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidades penales por sus actuaciones.
Según la versión oficial que se dio en aquel entonces, grupos afines al expresidente Evo Morales pretendían tomar el predio “para dañar las instalaciones con el uso de explosivos poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña”, decía un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, esta intención nunca fue demostrada y varios representantes del Movimiento Al Socialismo la negaron sistemáticamente
En esa acción militar murieron diez personas por impacto de bala, según confirmó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por este caso hay un total de 18 personas acusadas entre las cuales están el exministro de Gobierno Arturo Murillo, el exministro de Defensa, Fernando López, el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, el exinspector de las Fuerzas Armadas Aldo Bravo, el excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana , el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas y el exjefe del Estado Mayor Pablo Guerra, entre otros.
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