En una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía de Ecuador, este martes se ejecutaron allanamientos simultáneos en las provincias de Napo, Pichincha y Orellana como parte de una investigación por presunto cohecho iniciada en enero de 2024. Durante estos allanamientos, se recopilaron pruebas relacionadas como documentos, teléfonos móviles, dinero en efectivo entre otros. Según las autoridades, se identificó a diez policías, siete personas naturales y una entidad jurídica como presuntos integrantes de una red de corrupción dedicada al transporte y comercialización ilícita de combustible.
Los implicados, según la Fiscalía, facilitaban el movimiento de hidrocarburos a cambio de beneficios económicos, utilizándolos para actividades de minería ilegal. Como resultado de la operación, se efectuaron nueve detenciones con fines investigativos, incluyendo siete policías y dos civiles. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Fiscalía, a través de su Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el fin de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados, de acuerdo a lo publicado por el Ministerio Público en sus redes sociales.
Los agentes policiales en servicio activo detenidos en la provincia de Napo, según informes policiales, formaban parte de una red dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de productos hidrocarburíferos, recogió Primicias. El modus operandi de esta presunta organización delictiva involucraba el transporte de combustible por la Amazonía ecuatoriana, desde el cantón Joya de los Sachas hasta una empresa en el sector de Yutzupino, en Napo, según el medio.
Además de los policías también estarían involucrados tres ciudadanos chinos y dos ecuatorianos, todos vinculados a las actividades ilícitas investigadas. De acuerdo con el parte policial citado por Primicias, los ciudadanos chinos no pudieron ser detenidos, ya que se refugiaron en una habitación blindada dentro de un inmueble y, según el parte policial, dispararon contra los agentes que intentaban su arresto.
La minería ilegal: un problema ambiental y un refugio de narcos
En diciembre de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Agencia Espacial de Colombia presentaron el estudio Diagnóstico Ambiental Andino que, entre sus conclusiones, indicó que uno de los principales problemas ambientales que afecta al Ecuador es la minería ilegal.
El estudio realizó un estado de situación de la región, en lo referido a la producción y fuentes de información, indicadores, políticas públicas, estudios especializados y programas de desarrollo, según indicó la CAN en un boletín oficial. Además, el documento sugiere directrices para que los países de la CAN adopten acciones en conjunto que conlleven al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros tratados internacionales.
Pilar Zamora, directora de la Agencia Espacial de Colombia, que colaboró con el informe, explicó que: “Ecuador tiene grandes retos de cara a la democracia ambiental, es por eso que en nuestras recomendaciones indicamos que el país debe tener espacios de representación real y efectiva para sus pobladores, pues se han presentado problemáticas e iniciativas populares en torno a proyectos extractivos. Tiene una problemática que es la minería ilegal y este es un problema que se replica en la región”.
Pero este delito no solo afecta al ambiente sino que está relacionado con el narcotráfico. En enero del 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado y aprobó una estrategia para enfrentarla que incluye un mayor control para los materiales utilizados, sanciones y operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas: “La minería ilegal es parte de lo que denominamos crimen organizado, que incorpora narcotráfico, tráfico de armas, de explosivos y de personas y lavado de activos”, indicó el entonces secretario de seguridad Diego Ordóñez.
La banda narcoterrorista más violenta del país, Los Lobos han fortalecido su presencia en el crimen organizado de Ecuador, diversificando sus operaciones más allá del narcotráfico. El grupo criminal ha ampliado su rango de actividades ilícitas para incluir la minería ilegal, la comercialización de vacunas falsificadas y la trata de personas.
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