Las comunidades en Tungurahua, un provincia de los Andes ecuatorianos a 160 kilómetros al sur de Quito, están implementando medidas para hacer frente a la delincuencia, y los líderes locales advierten sobre posibles sanciones para aquellos que cometan delitos en la región. A pesar de los llamados de la Policía a mantener la calma, esta carece de recursos suficientes para contener la creciente indignación popular tras el incremento de la violencia en el país.
En la región central ecuatoriana, que alberga una gran población indígena y abarca provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, cada vez más vecindarios se están organizando para protegerse mutuamente contra la delincuencia. Están utilizando sistemas de alarma con altavoces estratégicamente ubicados y grupos de mensajería comunitarios en plataformas digitales como principales medios de comunicación y alerta para sus vecinos.
Según el portal Primicias, a partir del 13 de octubre, el gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, ha recomendado que los alquileres de viviendas solo se otorguen después de verificar los antecedentes judiciales de los solicitantes. Esto surge a raíz del descubrimiento de alias Joselo, presunto líder de Los Lagartos una pandilla carcelaria que se cree se encontraba oculto en Baños, un cantón turístico en la provincia de Tungurahua.
En Ambato, la capital de la misma provincia, han optado por organizar charlas comunitarias y fortalecer la relación entre vecinos debido a la pérdida de confianza en las autoridades. En los 88 barrios de la parroquia más grande de Ambato, Izamba, han respondido a los frecuentes robos de animales y viviendas tomando la iniciativa de ajusticiar con mano propia a las personas responsables, incluso llegando a quemar las motocicletas y automóviles utilizados por los sospechosos.
En declaraciones para Primicias, según el presidente de la Federación de Barrios de Ambato, Felipe Bonilla, es fundamental que las autoridades colaboren estrechamente con la comunidad en su conjunto. La población en áreas rurales y urbanas ha perdido la confianza en el sistema de justicia debido a que los acusados a menudo quedan en libertad si no hay una denuncia específica que respalde el proceso judicial. Ha habido casos en los que los ladrones han saqueado los animales de los residentes en las zonas más alejadas de la zona urbana, y por la ausencia del Estado los comuneros, tras la detención de los ladrones, los comuneros impusieron las sanciones en función de la gravedad del delito. En algunos casos, esto ha incluido castigos como el rociamiento con agua fría, el azote con ortigas o caminar desnudos por las calles para delitos menores.
El coronel Hernán Miller Rivera, jefe de la Zona 3 de Policía, informa que se están investigando al menos diez casos de posibles linchamientos en las cuatro provincias en coordinación con la Fiscalía. Hasta el momento, no ha habido procesamientos legales debido a la falta de denuncias específicas. El oficial hace hincapié en que, aunque la Policía siempre pide cordura a las víctimas de los delitos que salen en busca de ajusticiar a sus victimarios por mano propia, ya que la vida debe prevalecer.
El presidente de la Federación de Barrios de Ambato sostiene que la Policía Nacional no dispone de recursos suficientes y está limitada para hacer frente a la furia de la población, que solo busca la paz. Por ejemplo, en Tungurahua, hay 1,200 policías, pero se necesitarían al menos 2,000 para satisfacer la demanda.
En declaraciones para el diario La Hora, el urbanista y experto en seguridad, Fernando Carrión, advierte que un enfoque de “mano dura” no es suficiente para abordar el aumento significativo de la violencia, que se ha incrementado casi nueve veces entre 2017 y 2023. Carrión destaca que, si no se modifican las estrategias y políticas actuales, la tendencia al alza de la tasa de homicidios, que podría alcanzar 45 por cada 100,000 habitantes en 2023, continuará.
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