La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en la medianoche de este miércoles suspender por 30 días más algunas garantías constitucionales en el contexto de una polémica medida de régimen de excepción implementado para “combatir” a las pandillas.
La medida, que se prolonga hasta finales de julio, fue aprobada por los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados a petición del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele sin un estudio previo con 67 votos de los 84 diputados.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Se trata de la decimoquinta prórroga de la suspensión de las garantías constitucionales que dan pie a un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 70.000 detenidos, a los que el Gobierno acusa de pandilleros.
De acuerdo con un informe de la organización humanitaria Cristosal, al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de excepción, implementada por el Gobierno de Bukele para “combatir” a las pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) archivó “142 casos” de muertes al interior de diferentes cárceles de El Salvador por “no constituir delito” por parte de los agentes de Seguridad del Estado, dijo el martes el jefe del Ministerio Público, Rodolfo Delgado.
El fiscal general aseguró que los “142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones” y apuntó que “fiscales investigaron técnicamente cada uno de los hechos”.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen.
(Con información de EFE)
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