La dictadura de Nicaragua confiscó los bienes de los 222 opositores que fueron expulsados a Estados Unidos

La dictadura de Nicaragua ordenó la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, a través de una sentencia del Tribunal de Apelaciones divulgada este viernes en Managua.

El fallo tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dado a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 presos políticos, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia, abogados, ex guerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al régimen de Daniel Ortega.

Según el texto judicial, los ex prisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad y deportados de su país, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.

La sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o jurídico”.

Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.

En febrero, tras la expulsión de los excarcelados, la dictadura de Ortega-Murillo ordenó confiscar las propiedades de otros 94 opositores, en su gran mayoría exiliados, entre los que figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los ex guerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Luis Carrión, quienes también fueron despojados de su nacionalidad y de sus pensiones de vejez.

Consultada por la agencia de noticias The Associated Press, la opositora excarcelada Tamara Dávila, una de las afectadas con la confiscación de bienes, dijo que la medida “es completamente ilegal desde cualquier punto de vista”.

“En términos políticos, sólo es la muestra de un régimen que está en decadencia, que debe recurrir al robo descarado para mostrar fuerza”, agregó.

El líder estudiantil Léster Alemán, excarcelado en febrero último, denunció el hecho vía Twitter y llamó “desquiciado” a Ortega.

Por su parte, el cronista deportivo Miguel Mendoza, también excarcelado y desterrado, tuiteó: “La dictadura nos roba patrimonio personal y familiar de los 222 excarcelados políticos (…) Nos han robado años de trabajo y sacrificio”.

El periodista Álvaro Navarro, exiliado en Estados Unidos y despojado de su nacionalidad y sus bienes, escribió: “Sigue la robadera. Antes fuimos los 94, hoy los 222. Mañana cualquiera. Son pirañas”.

Nicaragua vive una grave crisis política y social desde abril de 2018, cuando protestas cívicas fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares ordenados por Daniel Ortega que dejaron 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados.

Sanciones contra el régimen

El pasado jueves 8 de junio, un grupo de senadores estadounidenses propusieron extender hasta 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como Ley Nica.

A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó dicha legislación para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales.

El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron un proyecto de ley que “extendería la autoridad del Gobierno de EEUU para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028″, informaron en un comunicado.

También pretenden ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos”.

El texto insta además al Departamento de Estado a que promueva el fin de las inversiones a Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los senadores consideran que Estados Unidos “debe desarrollar un plan común para abordar la naturaleza criminal del régimen” de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, ante la “ola de violencia y represión” en Nicaragua.

“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, sentenció Rubio.

El pasado mes de febrero, la dictadura de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, entre ellos prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

El obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a volar a Estados Unidos.

(Con información de The Associated Press)

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