La Confederación Indígena de Ecuador pidió a Guillermo Lasso que no tome medidas importantes por decreto

La decisión de Guillermo Lasso de disolver el congreso y convocar a elecciones generales para designar a autoridades que concluyan el actual periodo ha generado reacciones de diversos sectores, especialmente de la oposición al oficialismo. Este es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en asamblea general resolvió una serie de acuerdos sobre cómo actuarán luego de la decisión presidencial. Entre lo resuelto la Conaie hizo una advertencia a Guillermo Lasso sobre los decretos-ley que emitirá hasta que deje el mandato.

“Advertimos que se abstenga de emitir medidas que vayan a afectar los derechos humanos, los bolsillos del pueblo ecuatoriano y temas sensibles que pueden convulsionar el país”, se lee en el comunicado emitido por las autoridades de las organizaciones indígenas confederadas. Entre los temas que la Conaie considera como sensibles están: la ampliación de la frontera petrolera y minera en los territorios de los pueblos y nacionalidades, las leyes en materia económica que afecten los intereses de la nación, otras leyes que impulsen la privatización de entidades públicas o que afecten a la educación y salud de los ciudadanos.

El pasado 17 de mayo, el mandatario ecuatoriano invocó el artículo 148 de la Constitución de ese país y decretó la disolución del congreso, además dispuso que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones en un plazo de 7 días. La facultad ejercida por Lasso se conocida como disolución anticipada de los poderes legislativos, aunque popularmente se la llama “muerte cruzada” porque implica que, tanto los congresistas como el presidente terminen sus funciones con antelación. Este recurso también puede ser aplicado por la Asamblea Nacional. En junio de 2022, los entonces legisladores quisieron que Lasso termine su periodo por esta vía, pero no contaron con los votos.

El último inciso del artículo en el que Lasso amparó su decisión también contempla cómo gobernará el presidente sin congreso en materia legislativa y dispone que: “Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”.

Aunque la Conaie advirtió a Lasso sobre la emisión de decretos-ley en materia educativa o de salud, estos temas no podrían ser tratados bajo esa figura por el mandatario. Además, la Corte Constitucional deberá realizar un control a los decretos-ley emitidos por Lasso y considerará si estos cumplen con el mandato constitucional de ser económicos y urgentes.

Por lo pronto, el gobierno ha informado sobre la emisión de dos decretos-ley: uno referente al ámbito tributario para personas naturales y jurídicas y otro sobre zonas francas.

El primer decreto-ley abarca la reforma tributaria que en días anteriores Lasso presentó al disuelto congreso. Esta ley prevé nuevas consideraciones para el pago del impuesto a la renta. El segundo decreto ley, según informó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se enfocará en las exenciones tributarias en territorios determinados del país, lo que favorecería a los sectores productivos.

Aunque el gobierno ha anunciado la emisión de estos decretos-ley, aún no se conocen los textos.

La decisión tomada por Lasso está en firme, pues el más alto tribunal constitucional de Ecuador rechazó este jueves seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto ejecutivo. La Corte, mediante un comunicado, precisó que los tres tribunales de jueces constitucionales que analizaron las demandas decidieron “por unanimidad” rechazarlas.

El boletín de la Corte precisó que “los tres tribunales que conforman la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (...) emitieron seis autos”, mediante los cuales “decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad” presentadas por ex legisladores que buscaban conservar sus cargos a través de una declaración de inconstitucionalidad.

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