Polémica en un juicio contra un líder radical mapuche en Chile: la jueza ordenó revelar la identidad de testigos protegidos

Este viernes se retomará la audiencia de preparación para el juicio oral contra Héctor Llaitul, el líder radical mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que está acusado de diversos delitos. La fiscalía pidió 25 años de cárcel para Llaitul, por su responsabilidad en la incitación y apología a la violencia bajo la Ley de Seguridad del Estado (LSE), además de hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación.

Uno de los aspectos más sensibles de la instancia se ha relacionado con el hecho de que el Ministerio Público tendrá que informar el nombre de cinco personas que declararon ante él y que habían preferido mantener en reserva su identidad, luego que la magistrada Viviana García considerara que era necesario para la investigación contra el referente de la CAM.

En la práctica, esto significa que si bien el nombre de los testigos protegidos será conocido bajo reserva por la defensa de Héctor Llaitul, no serán públicos. La idea es que se revelen solo para el entendimiento de los intervinientes en la causa, aunque aún se espera que los implicados decidan si participaran o no en los alegatos.

El hecho generó inmediata polémica y amplió los temores sobre la posibilidad que quienes entreguen su testimonio contra Llaitul terminen siendo amedrentados. “La posibilidad de que sus antecedentes sean conocidos por el imputado va a afectar su disponibilidad para comparecer en el juicio oral”, señaló el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

“(La medida) genera una situación de riesgo para la integridad física de los testigos y que los cohíbe de prestar declaración en el tribunal. Consideramos que la decisión del tribunal afecta la posibilidad de que los testigos comparezcan en la audiencia de juicio oral”, complementó el persecutor de la entidad, que presentará una orden de no innovar para frenar revelación de identidad de los testigos protegidos.

Considerado como un caso emblemático para el gobierno de Gabriel Boric en su tensa incursión en el conflicto mapuche fue la propia ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, quien calificó como “un error” la disposición sobre los testigos.

“El Ejecutivo es querellante de ese caso y esto sucedió en la audiencia de preparación del juicio de varias que tienen que venir (…) los equipos del ministerio, que son parte de este proceso, están desde ya estudiando cuáles son las acciones o los mecanismos con los cuales se puede revertir esta decisión que no comparte el Ejecutivo (…) Es un error que debe enmendarse en las audiencias que están por venir”, indicó la funcionaria.

Sin embargo, la posición del ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, generó cierto ruido en la estrategia gubernamental. La autoridad adujo que se trataba de “una tensión habitual en el derecho”.

“Lo que subyace a esta discusión es el derecho de la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra, esencialmente por una cuestión que está asociada al derecho a la defensa. Por eso probablemente lo que hizo la defensa de Llaitul en este caso fue conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, para ver si esas personas tienen algún nivel de compromiso, lo clásico que puede estar detrás de un litigio”, indicó el abogado.

Desde la cárcel, el propio Héctor Llaitul se refirió a su situación procesal a horas del inicio de los primeros alegatos. “Este encausamiento procesal responde a la presión empresarial y a motivaciones estrictamente políticas de persecución y de criminalización de la causa mapuche, aquella que está por las demandas de territorio y autonomía, y a los que confrontamos directamente con los intereses de gran capital en el Wallmapu”, señaló al portal Resumen Latinoamericano.

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