El Parlamento de El Salvador autorizó una nueva prórroga del régimen de excepción impuesto por Bukele

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, prolongó por décima tercera ocasión el estado de excepción por 30 días más.

La medida, que ya cumplió un año de implementación y fue denominada por el gobierno de Nayib Bukele como una “guerra contra las pandillas”, fue aprobada con los votos de 66 miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y formaciones aliadas.

“El régimen de excepción es legal y Constitucional”, señaló el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), durante la sesión plenaria en la que fue avalada la medida.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos, señaló que durante el régimen de excepción “se han capturado a personas inocentes”, para quienes pidió su liberación.

Bukele, a través del Gabinete de Seguridad, solicitó la tarde del miércoles la ampliación del régimen, que suspende varios derechos constitucionales y que se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

El titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que tras la presentación de la solicitud de la ampliación ante el Congreso, el régimen de excepción “es la ruta a seguir para transformar este país”.

Señaló que actualmente en el país centroamericano “se registra un promedio de 0,6 homicidios cada día” y que “el 65 % de los 496 asesinatos registrados en el 2022 fueron perpetrados en los primeros 3 meses del año, antes de la implementación de la medida”.

De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 67.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros.

Las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

El país centroamericano registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Gobierno de Bukele.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al gobierno de Bukele que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva de un régimen de excepción que prohíbe la asociación de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.

La Corte Interamericana advirtió que la Convención Americana (CADH) autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.

Y, aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.

La CIDH recordó que El Salvador mantiene suspendido el derecho de las personas detenidas a ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, así como el derecho a no ser obligado a declarar y de contar con la asistencia de un abogado defensor en las diligencias de los organismos auxiliares de la administración e justicia y en los procesos judiciales.

El organismo cuestionó que en El Salvador se haya ampliado de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención y que se permita a las autoridades intervenir la correspondencia. Advirtió de las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.

La situación en el país centroamericano ha sido cuestionada y criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan abusos.

Más de 3.700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.

La CIDH también expresó su preocupación respecto a las múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. Instó además al Estado a asegurar las garantías y la protección judicial, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.

Entre las denuncias al régimen, está que al menos 100 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron en custodia del Estado, presuntamente, de forma arbitraria, según los señalamientos.

(Con información de EFE y The Associated Press)

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