El lado B de la guerra contra las pandillas de Bukele en El Salvador: amenazas, abusos y miedo a las autoridades

Luego de alcanzar su pico de violencia en 2022, el gobierno de Nayib Bukele se propuso firmemente revertir la situación criminal en El Salvador. Para ello, dispuso el estado de excepción y comenzó una guerra contra las maras que amedrentaban a la población.

Desde entonces, la presencia de los delincuentes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 ha disminuido considerablemente.

Esta transformación radical que vivió el país liderado por el “dictador más cool del mundo mundial” permitió llevar alivio y tranquilidad a la población en general -que pudo retomar sus actividades cotidianas- pero también implicó su supresión de los derechos constitucionales.

En este año de lucha, Bukele encarceló a más de 65.000 delincuentes -o sospechosos- de los 6.3 millones de habitantes del país. Claro que las condiciones para alojar a tal cantidad de gente no son las mejores por lo que, en varias oportunidades, organismos de derechos humanos han denunciado las malas condiciones y el amontonamiento al interior de estas “mega cárceles”.

En un tono positivo, los bajos niveles de delincuencia han permitido que los comerciantes vuelvan a sus locales y hasta se paseen de barrio en barrio con sus productos, sin miedo a ser atacados ni teniendo que pagar coimas a los pandilleros. También, volvieron a funcionar los bancos, las salidas nocturnas, los envíos de comida a domicilio y hasta la actividad física en parques y plazas.

“La gente viene y se queda hasta las 12, 1 de la mañana. Hay tanta seguridad que podemos estar abiertos”, exclamó Maritza Pacheco, comerciante de 44 años.

En definitiva, los salvadoreños valoran las pequeñas libertades nuevas, por más comunes que puedan resultar para muchos.

Sin embargo, el precio a pagar por ello es un poco alto para quienes viven en zonas aún militarizadas y en donde los agentes ingresan para registrar sus hogares y a sus familiares.

Estas requisas han derivado en la detención de cientos de miles de inocentes y, por consecuencia, en la separación de unos 1.675 niños de sus padres, abusos de los derechos humanos y, nuevamente, miedo.

Ahora, el temor ya no es hacia las pandillas sino hacia el mismo Gobierno, que en la teoría afirma protegerlos pero en la práctica dista de ello.

Inclusive, uno de los funcionarios penitenciarios confesó en diálogo con la agencia de noticias AP que pasan por mucha presión para llevar a cabo más arrestos ya que, así, logran acceder a más días de vacaciones en fechas como Navidad.

“Se detuvo a una cantidad de gente inocente… Estábamos cometiendo delitos”, lamentó.

Casi una de cada seis personas encarceladas es inocente, según cálculos del sindicato policial, mientras que la ONG Cristosal documentó 3.344 casos de violaciones a los derechos humanos en los primeros 11 meses del operativo.

“La pregunta a largo plazo y lo que temo es: ‘¿Esto se va a convertir en un estado policial’?”, comentó Michael Paarlberg, profesor de ciencias políticas en la Universidad Commonwealth de Virginia que estudia a El Salvador.

Para llevar a cabo su mega operativo durante un año, el Gobierno de Bukele ha recurrido a una robusta máquina de desinformación y a la censura de críticos y periodistas. El caso más evidente es el de las cárceles, las cuales han suscitado polémica en todo el mundo al ser comparadas con cámaras de torurtura.

Estas acusaciones se basaron en las pruebas fotográficas y en los reportes que dan cuenta de al menos 90 muertes bajo custodia, según informó el propio Ejecutivo.

A esta situación se sumó la reciente construcción de la mega cárcel, la más grande de Latinoamérica, la cual Bukele festejó y mostró en sus redes sociales. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, escribió junto al video.

A pesar de estas preocupaciones, muchos se sorprenden al ver que la tasa de aceptación del Presidente se ha disparado al 91%, según una encuesta difundida días atrás por LPG Data.

“El Presidente está haciendo lo que nadie ha podido hacer. Y estás consciente que hay mucha gente inocente en el medio pero uno acepta lo que está pasando como algo que tenía que suceder”, explicó el sacerdote Jorge Guzmán.

“Nunca he votado en mi vida y ahora votaría por él”, agregó Pacheco.

Junto con su lucha contra las maras y su repentina popularidad, Bukele aprovechó para consolidar aún más el control en el país. “Es un modelo muy atractivo para el Gobierno porque es un modelo que vende un tipo de populismo punitivo para generar popularidad y mantenerse en el poder”, se explayó al respecto Abraham Abrego, líder de la ONG.

Esto llevó al Ejecutivo a extender una docena de veces el estado de emergencia, sin temblar siquiera un poco e, inclusive, en septiembre Bukele anunció su postulación para la reelección pese a la prohibición de la Constitución.

De todas formas, con o sin Bukele al frente del país en los próximos años, la lucha contra las maras aún no ha terminado. Si bien los índices de delincuencia han bajado y ha mejorado la calidad de vida en el país, lo cierto es que los pandilleros siguen merodeando a lo lejos las zonas que alguna vez controlaron.

En las prisiones se amontonan cientos de miles de personas que no eran más que elementos de bajo nivel, personas que recolectaban pagos de extorsión o ejercían vigilancia. En cambio, los reales mafiosos siguen libres en El Salvador o, incluso, en México y Guatemala.

Mientras tanto, en los centros penitenciarios los detenidos acumulan una furia vengativa que podría desembocar en un ataque organizado. “Todavía están aquí. Todo el día. Escuchando. Guiando”.

(Con información de AP)

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