En la actualidad hay 1.066 presos políticos en Cuba y todos ellos fueron torturados, informó este lunes la ONG Prisoners Defenders en su último informe.
“Sólo en los últimos 12 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 282 nuevos prisioneros políticos en Cuba”, dijo la ONG.
Entre ellos se encuentran 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia (30 de ellos) o están siendo procesados penalmente (4 de ellos).
En enero se registraron 11 nuevos casos de prisioneros políticos, “fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación”. En cambio, 22 prisioneros salieron de la lista, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta por el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Los presos, agregó, sufren “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva”.
De la lista actual, 210 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
Al menos 116 mujeres (incluyendo varias de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual, dijo la ONG.
Prisoners Defenders está presentando una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas “que demuestra con todo rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba, con amplios patrones de violación de derechos fundamentales en todas las fases del proceso penal, desde la detención hasta la imposición de pena”.
Las violaciones comunes encontradas en todos los ya más de 400 casos analizados en profundidad en la denuncia son las siguientes:
—Ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad
—Inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba
—Dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político
—Procesos penales en los que todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con “testigos” dependientes del partido comunista y que son articuladas con el fraudulento uso pruebas “periciales” permitidas únicamente al Ministerio de Interior.
—Procesos penales donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, manifestación o asociación, hasta la salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos derechos que hacen imposible el normal desarrollo de la sociedad y un estado justificado de psicosis y pánico permanente de sus ciudadanos.
—Uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar.
—Uso habitual de procedimientos penales militares ilegales y/o sumarios altamente violatorios de derechos.
De los 1.066 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales, 787 son convictos de conciencia, 248 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos, según la ONG.
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