El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ordenó este lunes la puesta en libertad de otros 130 sospechosos de participar en los ataques de las instituciones del pasado 8 de enero, siendo ya más de 1.000 las personas que han sido liberadas, aunque seguirán bajo vigilancia de las autoridades.
De las 2.200 personas que se detuvieron por aquellos actos, solo 392 continúan en prisión; la mayoría de ellos son hombres.
En tanto, quienes han sido liberados deberán portar una tobillera electrónica, tienen prohibido salir de su domicilio durante la noche y no pueden utilizar redes sociales, así como tampoco ponerse en contacto con otros detenidos.
De Moraes, quien se encarga de la macro investigación, ha presentado diversos delitos contra los sospechosos, como incitación al crimen y asociación para delinquir. Casi mil de ellos tendrán que responder por estas acusaciones, mientras que 219 deberán hacerlo por cargos mayores, como intento de golpe de Estado.
La semana pasada De Moraes ordenó la liberación condicional de 149 mujeres. Según un comunicado de la corte, decidió darle prioridad al análisis de la situación jurídica de las mujeres detenidas por los actos golpistas como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer.
Las mujeres liberadas, sin embargo, seguirán siendo investigadas. Ya fueron acusadas formalmente por la Fiscalía de los crímenes de incitación al delito y asociación para delinquir, que pueden ser castigados con penas sumadas de hasta tres años y medio de cárcel.
Entre las peticiones que analizó en los últimos días, Moraes rechazó la petición de libertad condicional presentada por 61 mujeres acusadas de crímenes más graves, como asociación armada para delinquir, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
Según las estadísticas de la Corte Suprema, de las 489 mujeres que fueron arrestadas al día siguiente de los actos golpistas en el campamento en que se concentraban los seguidores de Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, 407 ya fueron liberadas y 82 permanecen encarceladas.
El ataque a la Explanada de los Ministerios no tuvo precedente en la historia de Brasil. Miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro se congregaron durante semanas frente a los cuarteles del Ejército en protesta por la victoria en las urnas del ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades valoran ahora si el ex presidente Bolsonaro habría incitado a sus seguidores para que irrumpieran violentamente en las sedes de los tres poderes, después de meses atacando a las instituciones, como el Supremo y a sus jueces, y sembrando dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño.
Ese 8 de enero, una turba de seguidores radicales de Bolsonaro invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, en un intento de golpe de Estado contra Lula.
En paralelo, la Policía Federal ha puesto en marcha la Operación “Lesa Patria” en busca de aquellos que “participaron, financiaron, se omitieron o fomentaron” la invasión de los poderes y que ha salpicado a miembros de la Policía Militarizada.
El Gobierno de Lula da Silva quiere que Bolsonaro comparezca ante los tribunales brasileños en los próximos meses y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente a fines de marzo, según un alto asesor del líder de izquierda.
Es poco probable que Bolsonaro, quien ha estado de vacaciones en Florida desde antes del final de su mandato el año pasado, sea arrestado a su regreso a Brasil, dijo un alto asesor de Lula, que solicitó el anonimato. El ex mandatario está siendo investigado en varios frentes, incluso por presuntamente incitar el intento de golpe de Estado en Brasilia el 8 de enero, pero no se han presentado cargos formales en su contra.
(Con información de Europa Press y EFE)
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