Para identificar y enfrentar a las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los recursos naturales de los países en deterioro de sus sociedades y economías, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, inauguró el Taller Nacional sobre Control de la Minería Ilegal en Ecuador. El evento, que se desarrollará hasta el 9 de marzo en Quito, es parte de un proyecto regional que involucra a otros cuatro paísea: Perú, Colombia, Suriname y Guayana.
El Consejo de Seguridad de Ecuador ha declarado a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Es por ello que la Unidad de Análisis Financiera (UAFE) y la Fiscalía General del Estado apoyaron a la realización del taller que reúne a expertos y funcionarios públicos de esas instituciones y del Servicio de Rentas Internas.
Infobae accedió a la inauguración de las jornadas en Quito, en las que se espera la asistencia de alrededor de 120 participantes sin contar a las autoridades y expositores que también asistirán a las conferencias y mesas de trabajo.
Durante la ceremonia inaugural, Patricia Carranco, directora de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, se refirió a la minería ilegal como “una de las principales amenazas al patrimonio natural del país” y reconoció la necesidad de reforzar las capacidades investigativas para reconocer delitos financieros vinculados a la minería ilegal.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades y de los organismos internacionales es la penetración del crimen organizado en delitos como la minería ilegal que incluye otros crímenes, como el lavado de activos o el comercio ilegal de oro.
Además, la minería ilegal es considerada como un crimen ambiental. Según comentó Derby Parliament, director adjunto de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, los delitos ambientales son, después del tráfico de drogas y la trata de personas, la tercera fuente de ingresos del crimen organizado.
El director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Gaston Schulmeister, reconoció el “fuerte compromiso de Ecuador” en la lucha de delitos transnacionales y el lavado de activos. Además, resaltó que el taller buscar “diseminar conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades del Ecuador frente a la minería ilegal en sus diferentes manifestaciones”.
En su intervención, Schulmeister mencionó que la Evaluación Nacional de Riesgos de Ecuador profundizó precisamente en el perfilamiento de la minería ilegal como amenaza de lavado de activos.
Por su parte, Roberto Andrade Malo, director de la UAFE, enfatizó en la importancia de los talleres que, a su criterio, permitirán un mejor trabajo interinstitucional en la detección de los delitos financieros vinculados con la minería ilegal y otros crímenes transnacionales. En la inauguración también estuvo presente el comandante general de la Policía del Ecuador, Fausto Salinas.
Según se explica en la agenda del taller, este encuentro abrirá un espacio para identificar tendencias y patrones de comportamiento específicos sobre cómo la delincuencia organizada transnacional transforma, transporta, transfiere y gestiona recursos de origen ilícito, de modo que las autoridades designadas para producir inteligencia, investigar, juzgar y sancionar la minería ilegal puedan incrementar sus conocimientos sobre este tipo de delitos en conjunto con el sector privado.
En un reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) adviertió sobre la minería ilegal y sus vínculos con las organizaciones criminales internacionales y el financiamiento ilícito. Entre las revelaciones del estudio está el comercio ilícito de oro entre Ecuador y China.
Este tipo de irregularidades demostrarían que en Ecuador existen nuevos mecanismos para la comercialización ilícita de oro: “Varios factores han facilitado el crecimiento del comercio ilícito de oro en Ecuador, entre ellos el alto grado de informalidad y pobreza, la presencia de yacimientos en lugares alejados y la existencia de redes dedicadas a la extracción ilícita en los vecinos países de Colombia y Perú. Los funcionarios públicos corruptos, especialmente a nivel local, y la presencia insuficiente del gobierno en zonas mineras también contribuyen a la extracción ilícita de oro”, asegura el estudio.
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