La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo

La Fiscalía de Bolivia solicitó 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, señalado como principal acusado por la presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La petición será presentada ante un juez, que deberá definir si corresponde ordenar su reclusión mientras avanza la investigación.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que la comisión encargada del caso trabaja en la formalización de la imputación. “En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida”, afirmó. También confirmó que el Ministerio Público pedirá que la detención preventiva se extienda durante seis meses.

Cerimedo permanece detenido en dependencias policiales desde la madrugada del martes. Su aprehensión se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, después de que llegara a Santa Cruz procedente de La Paz, pocas horas después del ataque contra Beller.

La investigación comenzó luego de que dos hombres, que aparentaban ser repartidores de comida, se aproximaran a la víctima en las inmediaciones de un hotel. Uno de ellos efectuó varios disparos contra la mujer, mientras el segundo tomó sus pertenencias y escapó del lugar.

La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión investigadora, confirmó que Beller ya prestó declaración ante las autoridades. Cerimedo, en cambio, decidió no responder durante su comparecencia. “Se abstuvo de declarar”, indicó la fiscal.

El Ministerio Público incorporó además registros de las cámaras de seguridad y otros elementos obtenidos durante las primeras diligencias. Aguilera señaló que esas actuaciones forman parte de las pruebas que serán consideradas en el desarrollo de la causa.

El expediente también generó atención por la relación profesional que Cerimedo mantuvo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El Gobierno negó que el detenido haya ocupado formalmente el cargo de asesor presidencial o que haya pertenecido a la estructura estatal.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que Cerimedo fue un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025. Según su versión, después de ese período continuó participando en asuntos específicos relacionados con la comunicación, pero sin incorporarse oficialmente al aparato gubernamental.

Gálvez sostuvo que el detenido no recibió un trato privilegiado por su relación con Paz y afirmó que “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

Paz pidió una investigación exhaustiva

El propio presidente boliviano se pronunció sobre el ataque y expresó su respaldo a Beller. Paz aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades desarrollen una investigación que permita determinar lo ocurrido y ofreció garantías de seguridad para la víctima.

“Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, manifestó el mandatario.

Paz también sostuvo que el esclarecimiento debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó.

Beller, por su parte, cuestionó públicamente el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no sea declarado reservado. Su solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien informó que se instruyó al juez responsable de la causa mantener el proceso fuera de reserva.

La abogada también sostuvo que había tenido conocimiento de información relacionada con presuntas irregularidades y denunció antecedentes de violencia que, según su versión, deben ser considerados por los investigadores.

Con la imputación formal y la audiencia cautelar pendientes, la Fiscalía deberá presentar ante la Justicia los elementos que sustentan su acusación. El juez será quien determine si Cerimedo permanecerá detenido durante los 180 días solicitados o si corresponde aplicar otra medida cautelar mientras continúa la investigación.