Gobierno de Laura Fernández estima en más de USD 90 millones el golpe al narcotráfico durante sus primeros 100 días

El Gobierno de Laura Fernández Delgado colocó la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como uno de los principales ejes de su balance de los primeros 100 días de gestión, periodo en el que las autoridades aseguran haber decomisado 22.5 toneladas de drogas, con un impacto económico estimado en más de USD 90 millones para las estructuras criminales.

Durante la presentación de resultados, el Ejecutivo defendió una estrategia basada en el aumento de la presencia policial, operaciones contra organizaciones criminales, controles en centros penitenciarios y la presentación de nuevas iniciativas legales.

La propia presidenta aseguró que la seguridad continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la población y sostuvo que su administración decidió darle prioridad desde el inicio.

“Me siento profundamente orgullosa de cada decisión que hemos tomado en materia de recuperación de la seguridad y de lucha para mejorar el acceso a la justicia en Costa Rica”, afirmó Fernández.

Según las cifras presentadas por el Gobierno, entre el 1.º de enero y el 17 de agosto de 2026 el país contabilizó 62 homicidios menos que durante el mismo periodo de 2025. Al acotar la comparación al periodo correspondiente a la actual administración, el Ejecutivo aseguró que se registraron 20 homicidios menos, además de una disminución de 1,411 delitos contra la propiedad, incluidos robos, hurtos y asaltos.

Las autoridades también destacaron la incautación de las 22,5 toneladas de droga. Durante el acto, Fernández preguntó al ministro de Seguridad Pública cuánto dinero representaba para las estructuras del narcotráfico el decomiso de esa cantidad de estupefacientes.

El jerarca respondió que el impacto económico superaría los USD 90 millones.

“Hemos impactado en más de noventa millones de dólares. Eso es lo que sacó Costa Rica con el trabajo conjunto de todos los cuerpos policiales en estos primeros cien días”, manifestó el ministro durante la presentación.

Fernández aprovechó la cifra para reiterar la posición de su administración frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“No los queremos en Costa Rica y los vamos a seguir desmantelando para que no sea Costa Rica un destino para este tipo de criminales, que no sea rentable ser narcotraficante en Costa Rica”, aseguró la mandataria.

Operativos contra organizaciones criminales

Entre los resultados expuestos se encuentra la ejecución de 120 operaciones de la Policía de Control de Drogas (PCD)contra 61 organizaciones criminales.

El Gobierno mencionó entre ellas el denominado caso Leviatán, operativo que dejó más de 60 personas detenidas, entre ellas nueve policías, y que las autoridades calificaron como una de las mayores acciones contra el tráfico internacional de drogas por vía marítima.

Además, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se reforzó la vigilancia antidrogas mediante la incorporación de 11 nuevos agentes de la PCD.

En materia de personal, el Ejecutivo informó que entre febrero y junio ingresaron 659 nuevos oficiales, de los cuales 151 se incorporaron durante el actual Gobierno.

También destacó la conclusión de las obras del Centro de Control y Mando C5, instalación que ahora se encuentra en su fase de equipamiento.

A nivel político y legislativo, el Ejecutivo afirmó haber presentado 12 proyectos de ley relacionados con seguridad durante sus primeros cien días y recordó la creación de Fuerza Élite, planteada como un espacio de coordinación política y operativa entre los responsables de la seguridad nacional.

Fernández también volvió a referirse a la realización de pruebas de polígrafo a jerarcas policiales y sostuvo que siete directores no superaron la prueba.

Controles dentro de las cárceles

Una parte importante del balance estuvo dedicada al sistema penitenciario.

El Gobierno informó que mediante el programa Cero Ocio los privados de libertad acumularon más de 16,400 horas de trabajo en tareas de limpieza y mantenimiento de centros educativos, carreteras y otros espacios públicos.

También se restringieron las encomiendas en los centros penitenciarios, medida que, según el Ejecutivo, permitió reasignar a 121 policías penitenciarios que anteriormente debían destinar tiempo a revisar alimentos y otros productos enviados a los internos.

Las autoridades también ordenaron reubicar a privados de libertad identificados como líderes dentro de determinados ámbitos penitenciarios para reducir su capacidad de influencia.

Además, el Ejecutivo ordenó retirar de las prisiones microondas, videojuegos, televisores, controles y cajas convertidoras de señal, además de instalaciones eléctricas consideradas innecesarias.

En total, según el balance presentado, se eliminaron 1,661 tomacorrientes, casi 13 kilómetros de cableado, 125 breakers y 20 extensiones.

Durante 1,501 intervenciones penitenciarias, las autoridades reportaron el decomiso de 240 teléfonos celulares, 345 chips, 30 kilos de droga, 440 artículos electrónicos y 4,012 armas blancas.

El Gobierno agregó que durante sus primeros cien días fueron detenidos 22 oficiales y 12 funcionarios administrativos por presuntamente intentar introducir celulares, drogas u otros artículos prohibidos a las cárceles.

CACCO alcanza un 89% de avance

Otro de los proyectos destacados por el Ejecutivo fue el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), cuya construcción registra, según los datos oficiales, un 89% de avance.

Parte del equipamiento del centro está siendo producido por privados de libertad, incluyendo camarotes y 12,000 uniformes, de acuerdo con el reporte gubernamental.

El balance también incluyó la custodia de personas consideradas de alta peligrosidad, entre ellas un sospechoso conocido como “Diablo”, así como operaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de la Policía Profesional de Migración.

Entre los casos mencionados estuvo la detención de un extranjero presuntamente vinculado con Hamás y la captura de ciudadanos peruanos que, según las autoridades, trabajaban de forma irregular en Miramar de Puntarenas.

El Ejecutivo sostuvo además que instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Junta de Protección Social (JPS) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) participan en distintas acciones relacionadas con prevención, seguridad municipal, combate a actividades ilegales y ciberseguridad.

Fernández cerró su intervención reconociendo que la lucha contra el crimen continuará siendo uno de los principales desafíos de su administración.

“Esta batalla, esta guerra, la vamos a ganar, compatriotas. Estoy segura de que la vamos a ganar”, concluyó la presidenta.