Los incesantes asaltos a la debilitada democracia de América Latina

América Latina vuelve a mostrar su debilidad más recurrente: su desprecio por las instituciones democráticas. Cualquiera sea su vertiente ideológica. O sus protagonistas.

El papa Francisco hizo una breve referencia sobre ello este lunes, durante un encuentro anual con el cuerpo diplomático del Vaticano. Lamentó la delicada situación que atraviesa Perú -con decenas de muertos- y el frustrado golpe de estado que impulsaron seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro en Brasil.

Latinoamericano al fin, hizo mención a las incesantes rupturas que cruzan y hacen crujir su región: “Pienso en las numerosas crisis políticas en diversos países del continente americano, con su carga de tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos sociales. Pienso especialmente en lo que sucedió recientemente en Perú y en las últimas horas en Brasil”.

Esos dos conflictos tienen algo en común: un desarticulado golpe de estado sucumbió a las instituciones de esos países. Este domingo pudo verse cómo una horda de bolsonaristas -organizados y financiados- tomaba por asalto los edificios donde se constituyen los tres poderes de la república en Brasilia. El símbolo fue la captura del Palacio del Planalto, residencia presidencial donde oportunamente Lula da Silva no estaba.

Las fuerzas de seguridad locales fueron sospechosamente pasivas. Finalmente debieron ser instituciones federales y el Ejército -por orden de Lula- las que retomaran el control de la capital y detuvieran a centenares de agitadores. La violenta retórica de los últimos meses de Bolsonaro fue el combustible que necesitaron sus seguidores para actuar y tomar el control estatal.

En Perú -donde desde hace años las crisis políticas constituyen la regla y no la excepción- el ex presidente Pedro Castillo también pretendió atentar contra uno de los tres poderes del estado. Quiso disolver el parlamento, emulando a Alberto Fujimori. A las pocas horas, ese mismo congreso lo destituyó por incapacidad moral. En otras palabras: por golpista. Asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, como marca la Constitución del país.

Algunos gobiernos latinoamericanos defendieron a Castillo en su intento por sumar el poder público. Entre ellos se puede distinguir uno que quiso dar un zarpazo contra el sistema electoral y otro que quiere controlar el Poder Judicial. Son los mismos que este domingo se indignaron ante las imágenes que proyectaba la ciudad brasileña que soñó y diseñó Oscar Niemeyer.

Quien más énfasis puso en esta defensa a Castillo fue fundamentalmente Evo Morales, preocupado por los acuerdos que había trabado con el docente que asumió la presidencia de Perú en julio de 2021. Sobre todo se entendieron en materia de coca. Al parecer, el hombre de sangre aimara le mostró a Castillo todos los beneficios de la planta.

Ahora, Morales ya no puede ingresar a Perú. Se lo prohibió el gobierno de Boluarte. Tampoco podrán hacerlo sus operadores políticos. Fueron impedidos -a pesar de que en el último año cruzaron la frontera 27 veces- por su permanente injerencia en asuntos internos de la nación vecina. El ex presidente boliviano siente que se le escurren negocios que ya tenía asegurados. Mientras tanto, gran parte del país está sitiado y se desangra en violencia: son 45 los muertos en 33 días. La actual presidenta no logra controlar el caos.

¿Evo está también detrás de las protestas? Es una pregunta que en Lima resuena cada vez más fuerte.

Pero para no desentonar con la región, Bolivia también atraviesa una crisis política e institucional. Tampoco se nota allí un apego por el estado de Derecho. El gobernador de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho fue detenido el 28 de diciembre pasado a plena luz del día en un golpe relámpago y llevado desde su provincia a La Paz donde está detenido. Fue un “operativo limpio, relámpago”, confiaron a Infobae, con apenas un puñado de efectivos. Algunos juran haber escuchado un acento caribeño entre los agentes que se llevaron esposado al líder opositor. Incomprobable. La justicia de Luis Arce, el presidente boliviano, lo acusa de terrorismo y golpismo. Pasará mucho tiempo entre rejas.

Es el último de los presos políticos que se cuentan en Bolivia de acuerdo a los opositores. Este martes se esperan marchas de cívicos en nueve regiones del país reclamando libertad de todos ellos. También se aguardan choques con militantes del Movimiento al Socialismo, MAS, el partido gobernante. Evo y Arce distraen a la oposición y juegan a pelearse entre sí mientras se arropan con las mismas ropas de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Diaz-Canel. Otra cosa llama la atención: el silencio y la inacción de políticos bolivianos históricos.

El papa Francisco tiene motivos para preocuparse por América Latina y por cómo se debilitan sus democracias.

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