El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que las autoridades brasileñas han identificado en diez estados a los responsables de trasladar a los participantes del asalto a las instituciones democráticas en Brasilia.
“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses”, explicó Dino.
Asimismo, el titular de la cartera ha agregado que “todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas”.
Por otro lado, Dino responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue “determinante” para posibilitar el asalto a los edificios públicos.
El ministro, además, aseguró que pretende devolver la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia “lo antes posible”, a pesar de que aseguró que habrá una “revisión” en el cuerpo policial por su responsabilidad.
Dino nombró al episodio de este domingo como “el Capitolio brasileño”, en alusión a la invasión por parte de simpatizantes del ex presidente Donald Trump del Congreso estadounidense en 2021.
“Vivimos en el Capitolio brasileño ayer (domingo). Con diferencias. Aquí no hubo muertos y más presos que allá”, agregó en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.
Apoyo de gobernadores
Lula da Silva, dijo este lunes que los invasores “golpistas” que depredaron el domingo las sedes de los tres poderes no tenían ningún tipo de agenda negociadora o de reivindicaciones.
“No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos”, prometió el izquierdista la noche del lunes en un reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
“Lo que pasó estaba previsto. Las personas en las calles y frente a los cuarteles no tenían agenda ni reivindicaciones”, declaró tras el encuentro en el que también participaron los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial.
Para Lula, los miles de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro que destruyeron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema sólo querían “negar el resultado del proceso electoral, intentando demostrar que hay fallas, inexistentes, en las urnas”.
“El resultado electoral fue respetado por una buena parte de la sociedad. Las veces que perdí (en elecciones) volvía para casa a prepararme ya para el próximo pleito electoral”, aseveró.
Los bolsonaristas radicales estaban acampados desde hace dos meses frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar con un golpe de Estado contra Lula, quien el 30 de octubre venció a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral.
“Del golpe era la única cosa que se escuchaba hablar” en los campamentos, desmontados este lunes por los organismos de seguridad después de una decisión de la Corte Suprema, apuntó Lula.
Según el mandatario, el nuevo Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero, tenía “diez ministros para negociación” con los manifestantes.
Pero, cuestionó, “estaban frente a los cuarteles ¿reivindicando qué? ¿Aumento de salario, más libertades, vivienda, retoma de la producción agrícola? No, solo el golpe”.
Según el jefe de Estado, las más de 1.200 personas detenidas durante el asalto a los tres poderes el domingo y en los campamentos levantados este lunes “van a permanecer presas”, aunque admitió que “posiblemente son victimas” y “masas de maniobra de mandantes”.
“Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día, No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar”, manifestó el ex líder sindical.
(Con información de Europa Press)
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