Una narcovalija y un asesinato de 7 balazos: el escándalo diplomático del gobierno de Rafael Correa que sigue sin respuesta

Un hecho absolutamente inexplicable sucedió el 11 de enero de 2012. Una valija diplomática, enviada desde Ecuador a Italia, y que cumplía con todos los sellos y las solemnidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, contenía, entre otros objetos, estupefacientes.

Se trataba de un cargamento compuesto por jarras y platos en donde se escondían drogas. Las autoridades policiales italianas informaron a las autoridades diplomáticas que se comunicaron con sus pares ecuatorianos. En el Carondelet todos se miraron las caras. ¿En una maleta de la Cancillería del Ecuador se envió, utilizando los canales regulares diplomáticos, un cargamento de 40 kilos de pasta de cocaína?

Pronto la noticia se regó como verdolaga en playa y el gobierno del Ecuador era motivo de vergüenza internacional. Sucedió durante la presidencia de Rafael Correa y el canciller era Ricardo Patiño, un apasionado militante por la despenalización del consumo de las drogas para luchar en contra de su consumo. En junio de 2013 Patiño dijo que debería permitirse una “cierta despenalización como salida” en la lucha antidrogas.

En cada entrevista, Patiño aprovechaba para relativizar escándalo, para burlarse de sus entrevistadores y hasta para insultar a sus adversarios. Que todo se trataba de una estrategia regional de desprestigio en contra de los gobiernos progresistas, decía.

En una controversia con el periodista mexicano Fernando del Rincón, Patiño le dijo: “Ignorantillo, el delito de haber metido droga en una valija está siendo investigado por la fiscalía, allí puedes preguntar” (sic). Del Rincón únicamente había preguntado: “Canciller Patiño cuando usted aclare qué paso con la narcovalija nos sentamos y le vuelvo a explicar”. La explicación a la pregunta legítimamente planteada era la misma ¿cómo aparecieron 40 kilos de pasta de cocaína en un instrumento de envío de información exclusivamente diplomática?

Es cierto que la fiscalía de entonces dirigida por Galo Chiriboga abrió una investigación penal, pero pronto se desestimaron los cargos en contra del Canciller, de alguien en la Cancillería o del Estado ecuatoriano y se volcó toda la responsabilidad en contra de Cristian Loor Loor, actor y director, quien se anticipó a denunciar en dos escritos presentados ante las autoridades del cantón Montecristi el 26 y el 29 de diciembre de 2011, que él había sido obligado a enviar piezas de porcelana decoradas con las imágenes de su obra teatral. “Quieren que yo transporte junto a la escenografía y vestuario de mi obra de teatro Ruga la Tortuga e incluso pretenden usar mi nombre para transportar droga vía diplomática”, decía la denuncia recogida por una publicación de la revista Plan V del 14 de mayo de 2012. ¿Obligado por quién?

En su denuncia, Loor habla de un hombre que se hace llamar Sambo, que es quien lo llama y lo amenaza. Según declaró Loor, Sambo “se jacta de ser asesor de uno de los ministerios”.

Por su parte, el canciller Ricardo Patiño simplemente culpó a los perros amaestrados de la Policía del Ecuador para la detección de los envíos irregulares y deslindó cualquier responsabilidad en un asunto que le concernía directamente a él como responsable de los envíos diplomáticos.

Las autoridades italianas siguieron el caso y en enero de 2013, Cristian Loor fue condenado a una pena de diez años de prisión y a 40.000 euros de multa. Lo mismo sucedió con Jorge Redrobán amigo de Loor. Otros ecuatorianos también fueron encausados como Carlos Hurtado Baidal y Jesús Pazo Toro quienes fueron sentenciados a ocho y seis años de prisión, respectivamente. Jean Paul Flores, de nacionalidad estadounidense y origen ecuatoriano, fue condenado a cuatro años.

El fiscal Chiriboga cerró cualquier investigación sobre el caso asegurando que todo correspondía a la jurisdicción de las autoridades penales italianas y desconoció ante el mundo entero que la asociación para cometer el delito se produjo en Ecuador cuando un grupo de persona se coludieron para enviar un cargamento de pasta de cocaína sirviéndose de los instrumentos del estado ecuatoriano, con conocimiento o no de sus autoridades.

Incluso la cónsul de Ecuador en Italia, al ser notificada del delito y requerida de su presencia en las instalaciones de la aduana milanesa, se quejó de que los sellos diplomáticos habrían sido rotos para verificar el contenido de las porcelanas e insinuó que la sustancia habría sido plantada para ridiculizar al gobierno progresista del Ecuador. Todo era posible en el discurso político de la revolución ciudadana porque entonces gobernaba Silvio Berlusconi, un político populista de centroderecha que no tenía ningún interés en mirar al Ecuador en ese momento.

Se trataba de un delito flagrante, que en italiano se escribe de forma idéntica, que significa lo mismo y que procede de esa dogmática penal, para querer decir que había un delito que se estaba cometiendo en ese acto. La cónsul de Ecuador en Italia era Narcisa Soria Valencia. La cónsul tenía algo de razón, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 prohíbe la violación de los sellos, pero las autoridades policiales y diplomáticas italianas estaban frente a un delito en suceso y ninguna policía del mundo democrático detendría la investigación para que llegara la cónsul.

Jean Paul Flores era una pieza fundamental en la investigación, pero misteriosamente se sometió a la sanción, aceptó haber participado en el envío, cumplió con su pena en Italia y regresó al Ecuador. El 3 septiembre 2015, Jean Paul Flores, de 41 años, recibió siete impactos de bala mientras visitaba una tienda en un sector populoso al sur de Guayaquil. Con Flores falleció también un joven de 29 años que lo acompañaba. Las autoridades policiales informaron que podría tratarse de un delito cometido por un ajuste de cuentas asociado al narcotráfico. Sin embargo, en Ecuador Flores no tenía antecedentes penales.

Cuando sucedió el asesinato, una camioneta sin placas regreso al hecho de crimen y recogió todos los casquillos. La fiscalía llegó mucho después al lugar del crimen. Durante el 2015 todavía gobernaba Rafael Correa. Sobre el hecho no hay abierta ninguna investigación ni hay detenidos.

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