Un total de 15 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba -las mayores en décadas- son juzgados desde este miércoles por un tribunal de La Habana por “atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir” y se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel.
De acuerdo con la petición del fiscal, a la que ha tenido acceso la agencia EFE y está fechada el 30 de diciembre del año pasado, los procesados realizaron acciones “de una violencia sin límites”.
Según recoge el escrito, se les señala por lanzar “piedras, botellas, maderos y otros artículos” a la Policía y gritar consignas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Los procesados oscilan entre los 17 y los 51 años. La edad penal mínima en la isla son los 16 años.
El manifestante más joven en el juicio es Jonathan Torres, que tenía 17 años el día de los hechos. Él es una de las 55 personas entre 16 y 17 años que se enfrentan a un proceso penal por los hechos de 11J, según ha confirmado la Fiscalía.
Torres, en concreto, se enfrenta a una acusación de “desórdenes públicos” y “atentado”, por lo que se pide una pena de ocho años de cárcel. Su madre, Bárbara Farrat Guillén, aparece en la lista de los testigos que declararán durante el juicio, que previsiblemente terminará mañana.
Además, la hermana de uno de los procesados, Yesenia Díaz, fue detenida el 15 de noviembre pasado cuando intentó -junto con otros familiares detenidos o retenidos en sus casas por la Policía- dirigirse a la embajada estadounidense en Cuba para mantener una reunión con funcionarios norteamericanos que estaban de visita, como informaron activistas.
Procesos contra manifestantes
Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese año. Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó -sin éxito- poder asistir a los procesos.
Por su parte, el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas.
Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado un total de 639 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.
Desde julio de este año se han registrado protestas en todo el país, sobre todo entre finales de septiembre y principios de octubre por los frecuentes y prolongados apagones, y la gestión de los efectos del huracán Ian en el sistema eléctrico nacional.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), con sede en Miami, contabilizó 589 protestas en octubre, 5 más que las que registró en julio de 2021.
La Fiscalía General de Cuba advirtió en octubre de que está investigando las recientes protestas y que los hechos delictivos “recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda”.
(Con información de EFE)
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