Ampliaron la denuncia contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en Argentina por delitos de lesa humanidad

La denuncia contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y actual vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo y otros esbirros de la dictadura, por delitos de lesa humanidad que fue presentada en Argentina, fue ampliada este jueves, con la intención de investigar la responsabilidad que pudo haber tenido la funcionaria Aminta Granera Sacasa como directora de la Policía Nacional de Nicaragua durante la represión llevada a cabo en el mes de abril de 2018.

Esta amplición además exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”, como se puede leer en el documento presentado.

En ese sentido se reforzó la denuncia sobre la situación de los presos políticos.

“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, describe el documento de la amplicón de la denuncia.

Además contnúa: “Durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando”.

El pasado mes de octubre se introdujo una denuncia en la Justicia argentina para iniciar una investigación penal contra Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo y otras personas de su entorno, a quienes se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad contra de ciudadanos que han manifestado su desacuerdo el régimen que controla el país.

El proceso que fue iniciado por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, sumó una segunda denuncia a principios del mes de noviembre la cual fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y el documento fue presentada por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz.

El fiscal Eduardo Taiano, quien impulsa la iniciativa, explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución de ese país, que reconoce el principio de “jurisdicción universal”.

Junto a Ortega y a Murillo también fueron denunciados el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.

También al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.

“CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, dice el comunicado.

El jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor independiente en temas de Derechos Humanos, consideró que “hay un salto cualitativo” en la acusación argentina en relación a otras iniciativas que buscan cómo el dictador nicaragüense responda por los crímenes que ha cometido en Nicaragua para conservar el poder.

Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.

La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

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