
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Guatemala, presidida por la diputada Sonia Gutiérrez, emitió dictamen favorable con modificaciones para la iniciativa 6588, una reforma que permitiría ampliar el voto de los guatemaltecos residentes en el extranjero antes de las elecciones generales de 2027. La propuesta incorpora nuevas papeletas para los migrantes y plantea un sistema automático de empadronamiento mediante la coordinación entre el Registro Nacional de las Personas y el Registro de Ciudadanos.
El trabajo anual de la Comisión incluyó 20 sesiones ordinarias y cinco foros territoriales en Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula y Suchitepéquez. Esos encuentros reunieron a autoridades indígenas, jóvenes, académicos y organizaciones de mujeres para debatir paridad, inclusión, representación migrante y transparencia electoral.
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Actualmente, los ciudadanos guatemaltecos que viven fuera del país solo pueden votar por el binomio presidencial. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sumaría la elección de diputados por lista nacional y de representantes al Parlamento Centroamericano.
El diputado Raúl Barrera indicó que, si el Congreso aprueba la iniciativa, los connacionales en el exterior podrán participar en tres de las cinco papeletas de las elecciones generales. La ampliación no contempla la elección de autoridades locales ni de diputados distritales.

El empadronamiento automático mediante el DPI
La iniciativa propone que los datos de una persona que tramite o renueve su Documento Personal de Identificación ante el Registro Nacional de las Personas pasen de forma automática al Registro de Ciudadanos. El Código Único de Identificación funcionaría como número de padrón para completar el registro electoral.
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El mecanismo busca reducir trámites y facilitar la incorporación de nuevos votantes, en particular jóvenes. Para sufragar desde el exterior, los ciudadanos deberán estar empadronados y presentar un Documento Personal de Identificación o un pasaporte guatemalteco vigente.
El Tribunal Supremo Electoral quedaría facultado para solicitar a las instituciones públicas las coordinaciones necesarias durante el proceso. Esa tarea incluiría a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gutiérrez sostuvo que la ampliación responde a un pedido recurrente de la comunidad migrante: “Esto es parte de una demanda que los mismos migrantes han hecho reiterativamente al Congreso y que hoy la Comisión de Asuntos Electorales está dando respuesta a una importante participación hacia ellos”.
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La presidenta de la Comisión reconoció que el calendario legislativo es limitado antes de 2027. “Creemos que los tiempos están muy ajustados, pero desde nuestra Comisión estamos comprometidos en esta amplia participación ciudadana, así que pediremos inmediatamente que se conozca en el Pleno del Congreso”, afirmó.
Una vez reunidas las firmas requeridas, el dictamen será remitido a la Dirección Legislativa para su conocimiento en el Pleno del Congreso. Antes deberá obtener un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.
Foros territoriales y propuestas de mujeres y jóvenes
Los cinco foros, desarrollados bajo el lema “Voces que Inciden, Foros de la Escucha a la Propuesta”, registraron una participación femenina del 54%. Entre los consensos recogidos figuraron la obligatoriedad legal de la paridad y la alternancia de género, cuotas para pueblos indígenas, el uso de idiomas originarios durante todo el proceso electoral y sanciones contra la violencia política hacia las mujeres.
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El Encuentro Regional de Juventudes, realizado en agosto en Quetzaltenango con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reunió a más de 125 jóvenes del suroccidente del país. Los participantes propusieron mapas de riesgo para prevenir el acoso, mayor representación de liderazgos indígenas, una ley de juventud con ferias de empleo y la tipificación de la violencia política de género.
Gutiérrez destacó el acompañamiento de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Population Council y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Comisión recomendó priorizar reformas integrales a la ley electoral, encargar un análisis jurídico sobre la representación de migrantes mediante un eventual distrito 24 y mantener el diálogo con el Tribunal Supremo Electoral y la sociedad civil de cara a 2027.
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