El régimen de Daniel Ortega anunció este viernes la suspensión de actividades de 100 organizaciones sin fines de lucro en el país. Se trata, en su mayoría, de ONGs de carácter religioso y evangélico.
En lo que va del año, ya suman 2.600 las entidades que fueron bloqueadas en el país, a raíz de la represión que promueve el régimen de Ortega.
Entre las últimas 100 que cesaron sus operaciones, solo dos son extranjeras: la Asociación Filial Roblealto -de Costa Rica- y el Ministerio Misionero Misión de los Setenta -de Estados Unidos-. Las restantes 98 son nacionales y tanto de carácter religioso como social, entre las que destaca la Asociación de Niños Abandonados de Nicaragua.
El diario La Prensa informó que se vieron alcanzadas por esta medida, también, las ONG Asociación de Teológicos Cristianos; la Asociación Iglesia Misionera Belén; la Fundación Europea de Solidaridad entre Pueblos y la Asociación Granadina de Músicos, Cantantes Compositores, Arreglistas y Similares.
Estas acciones son posibles ya que la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro delega en manos del Ejecutivo -a cargo de Daniel Ortega- las medidas sobre las organizaciones tanto extranjeras como nacionales. Todo ello se realiza a través del Ministerio de Gobernación y sin necesidad de un trámite parlamentario.
De todas formas, independientemente de quién sea el encargado de firmar estas órdenes, su carácter y los argumentos que las respaldan siguen siendo los mismos, ya que el oficialismo acusa a estas ONG por irregularidades de tipo administrativo -principalmente de no informar de su situación financiera o de no renovar sus juntas directivas-.
El bloqueo a estas organizaciones recibió el repudio de la oposición local asi como de la comunidad internacional, incluida la ONU, quienes cuestionaron esta campaña y advirtieron que se enmarca dentro de una ola de represión que se inició tras las protestas del 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones del 2021.
La delicada situación en Nicaragua
En ese sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó el pasado mes en la “Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, aprobada durante la LII Asamblea General, al régimen nicaragüense que “cese toda acción violenta” contra la población de su país y que “restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho” en el territorio.
Además de las denuncias por estas persecuciones, la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencia expresó su preocupación por el incumplimiento “continuado” de Nicaragua en lo que respecta a sus obligaciones en materia de derechos humanos internacionales, y condenó la “hostilidad, discriminación y persecución” en el país -en concreto “las relativas a la Iglesia católica”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa encendió las alarmas sobre la situación de los profesionales del rubro en el país. Durante la 78 Asamblea General, la organización presentó un documento en el que denunció que “la dictadura de Daniel Ortega sigue barriendo sin descanso todo vestigio de libertad de prensa” y recordó que, desde que llegó al poder, el régimen sandinista “confiscó las instalaciones de La Prensa, cerró la señal de CNN en Español, clausuró varias radioemisoras de la Iglesia católica y canceló las operaciones de cientos de organizaciones no gubernamentales”.
Por último, el estudio detalló que, junto a Venezuela y Cuba, Nicaragua obtuvo uno de los peores índices de libertad de prensa en América, ocupando el puesto 22.
(Con información de Europa Press)
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