Cómo la crisis en Bolivia beneficia a China y Rusia

La fecha de censo nacional, motivo de la crisis que paraliza Bolivia desde el 22 de octubre, sigue sin definición pero mientras tanto las empresas mineras chinas han logrado un gran triunfo y las rusas esperan conseguir lo suyo.

El Alto Mando militar tuvo que ser cambiado de urgencia cuando la policía hace trabajos sucios para el partido de gobierno, y el presidente Luis Arce tuvo que hacer cambios disimulados en su gabinete de ministros.

La paralización de actividades en Santa Cruz no cede ni siquiera ante el avance de hordas del partido de gobierno, compuestas por cocaleros y grupos afines protegidos por la policía y la protesta tiende a expandirse a todo el país.

En medio de la crisis, el presidente Luis Arce se dio tiempo para atender una exigencia de las empresas chinas que explotan oro en los ríos amazónicos, y les fijó el menor impuesto que se aplica a la actividad minera: sólo 4,8%, mientras las exportaciones sumaron 1.263 millones de dólares en 2020.

Estas empresas importaron 900 toneladas de dragas el año pasado y ahora podrán ingresar, con autorización del gobierno a zonas definidas como “áreas protegidas”, sin que el gobierno las hubiera cambiado el nombre todavía.

Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Evo Morales, dijo en el programa Agenda País, del canal PAT, que en medio de esta crisis, el país no presta atención al futuro de 40 yacimientos de “tierras raras” que existen en Santa Cruz.

Respecto de esos yacimientos, The Economist Intelligence Unit dijo en junio del año pasado que, al día siguiente de la firma del acuerdo para la venta de vacunas rusas contra el COVID a Bolivia, un funcionario ruso llamó al gobierno de Arce para decirle que esa potencia tiene interés en las “tierras raras” bolivianas.

Muy de madrugada, el 31 de octubre, el presidente Arce cambió al Alto Mando militar con el argumento de que es preciso cuidar la constitución y proteger al gobierno legalmente constituido.

Pocas horas antes, el comandante que iba a ser destituido, general Augusto García Lara, había ordenado el traslado de vehículos militares blindados a la ciudad de Santa Cruz. Una filtración informativa reveló que el comandante del ejército habría pedido a García Lara que la orden fuera por escrito y firmada, en vista de que hay varios comandantes presos por haber obedecido órdenes en 2019, cuando Evo Morales renunció y se fue del país.

Los seguidores de Morales dicen que los nuevos comandantes estuvieron involucrados en los hechos que precedieron a la fuga de Morales hace tres años.

Las repercusiones llegaron incluso al gabinete de ministros del presidente Arce. El titular de gobierno, Eduardo del Castillo, ha sido desautorizado por el Ministerio de la Presidencia a decir si el censo puede o no hacerse en 2023, como lo pide Santa Cruz. Esto satisface al ex presidente Morales, quien pidió varias veces que Del Castillo sea cambiado porque estaría conectado con la DEA de Estados Unidos.

Pero Morales tiene ahora otras aflicciones. Asegura que con el nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas sigue adelante el “plan negro” contra él, dirigido a acusarlo de tener nexos con el narcotráfico.

Esta su preocupación ha crecido desde que el ex ministro Arturo Murillo, del gobierno de Jeanine Áñez (2020), entregó a la justicia de Estados Unidos, a fines de octubre, una amplia información reservada sobre esos nexos de Morales.

Con el departamento de Santa Cruz, un tercio del país y origen de 70% de los alimentos, paralizado desde el 22 de octubre, la crisis boliviana no tiene visos de solución ni siquiera cuando el gobierno anuncia que una comisión técnica definirá le fecha del censo en la capital amazónica de Trinidad.

Arce ha dicho que cuando se haya resuelto ese detalle habrá llegado el momento de “la reconstrucción de Santa Cruz”, ciudad asediada por hordas de seguidores del gobierno que avanzan escoltadas por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido investigar los hechos de violencia cometidos por las fuerzas represoras que asedian Santa Cruz.

El problema es que el gobierno decidió cortar el suministro de gasolina y diésel para la ciudad, y diputados opositores anuncian que entrarán en huelga de hambre si el gobierno insiste en que el censo se haga en 2024.

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