El gobierno de Ecuador decidió este lunes ampliar el estado de excepción de tres a seis provincias debido a la violencia registrada durante protestas de indígenas hace ya ocho días, según informó la presidencia.
El jefe de Estado Guillermo Lasso, quien declaró la medida desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, la extendió para Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, señaló la casa de Gobierno a través de su secretaría de Comunicación.
“Con esta decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente”, agregó.
El mandatario prometió que defenderá la capital, Quito, ante la intención de las organizaciones indígenas de marchar sobre la ciudad en el marco del paro nacional, una huelga indefinida convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que suma este lunes su octavo día.
“No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrenten pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país”, remarcó Lasso en una intervención dirigida a la nación por televisión.
Los indígenas respondieron al Gobierno que hay un doble rasero en el miedo a un supuesto ataque a la ciudad. “Nos han dicho que llegan a destruir Quito. Entonces no vengan a destruir la Amazonía”, indicó el presidente de la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Marlon Vargas, en declaraciones recogidas por el diario ecuatoriano El Comercio.
Lasso llamó este lunes al diálogo, aunque rechazó concesiones: “Democracia o caos”. Como consecuencia del paro hay cerca de 80 tramos de carreteras bloqueadas por las protestas.
El mandatario afirmó que con sus propuestas del sábado respondió a las demandas de CONAIE: declaración de emergencia en el sistema de salud, el anuncio para duplicar el presupuesto en educación intercultural, el aumento del bono de desarrollo humano, la condonación de deudas, créditos para el campo y subsidio a la urea, entre otras medidas.
“Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas”, planteó, por lo que lamentó que, pese a estas concesiones, la respuesta sea más violencia y nuevas amenazas de atacar a Quito.
Sin embargo, para Lasso quienes dirigen las protestas no quieren la paz. “Ellos quieren el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, no voy a escapar... democracia o caos, esa es la gran batalla”, insistió, al tiempo que indicó que siempre ha estado abierto al diálogo, escuchando las necesidades de los ecuatorianos, especialmente de los más vulnerables.
“Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa, y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de los ecuatorianos”, argumentó.
Para dialogar, el movimiento -que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005- condiciona a Lasso que atienda un pliego de 10 puntos como el fijar el precio del galón de diésel en 1,50 dólares y el de la gasolina corriente en 2,10 dólares.
En casi un año, el diésel un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina en 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad ECU911.
Las manifestaciones han derivado en choques con la fuerza pública, dejando 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 79 detenidos y 55 civiles heridos.
(Con información de AFP y Europa Press)
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