La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, participó en la destrucción de más de 9,300 armas de fuego en las instalaciones del Arsenal Nacional, durante una actividad organizada por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.
El procedimiento, que contempló oficialmente la destrucción de 9,372 armas, constituye la primera actividad de este tipo desarrollada durante la administración Fernández Delgado y forma parte de los esfuerzos gubernamentales para renovar el armamento de los cuerpos policiales, liberar espacios de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.
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La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, los viceministros Nelson Barquero, Gerardo Castaing y Carolina Castro, así como directores de diferentes cuerpos policiales.
Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la destrucción corresponde principalmente a armamento propiedad del Estado que se encontraba en desuso, en malas condiciones o que había quedado obsoleto para las necesidades operativas actuales.
La institución también confirmó que una parte de las armas eliminadas había sido decomisada y contaba con las resoluciones correspondientes para proceder con su destrucción definitiva.
Esta primera jornada busca contribuir a la reorganización del arsenal estatal, especialmente ante los planes gubernamentales para sustituir equipos antiguos por herramientas que respondan a las condiciones y necesidades de los oficiales.
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La eliminación del armamento constituye una medida de control institucional destinada a garantizar que las armas descartadas no vuelvan a utilizarse y que los registros del Estado reflejen adecuadamente las existencias disponibles.
El Ministerio de Seguridad Pública indicó que se prevén nuevas jornadas de destrucción durante la administración Fernández Delgado.
Gobierno prepara compra de nuevas armas para los oficiales
Uno de los objetivos de la actividad es facilitar el proceso de modernización del equipamiento policial que actualmente impulsa el Ministerio de Seguridad Pública.
La institución confirmó que trabaja en una nueva compra de armas de fuego destinadas a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales.
La adquisición busca renovar parte del armamento utilizado en las labores de seguridad y sustituir equipos que, por su antigüedad o deterioro, ya no cumplen adecuadamente con los requerimientos operativos.
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En este contexto, la destrucción de miles de armas permitirá liberar espacio en el Arsenal Nacional, donde se almacena parte del armamento bajo responsabilidad de las autoridades.
Destrucción también modifica los inventarios de seguridad privada
La eliminación del armamento estatal tiene implicaciones que van más allá de la reorganización de las bodegas policiales.
Según explicó la Dirección General de Armamento, el proceso contribuye al control de los inventarios de las empresas de seguridad privada, debido a la relación que establece la legislación entre la cantidad de armas propiedad del Estado y los límites autorizados para esas compañías.
De acuerdo con la institución, el inventario permitido para las empresas de seguridad privada corresponde al 1 % del arsenal estatal, por lo que mantener registros actualizados resulta fundamental para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
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En consecuencia, retirar oficialmente las armas que han quedado fuera de servicio permite contar con un inventario más preciso y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la tenencia de armamento.
Otras 12,694 armas permanecen pendientes de destrucción
A pesar de las miles de armas eliminadas durante la actividad en la que participó la presidenta, las autoridades reconocieron que existe una cantidad todavía mayor de armamento pendiente de completar los procedimientos legales necesarios para su destrucción.
Actualmente, la bodega de evidencias judiciales mantiene 12,694 armas de fuego a la espera de las respectivas actas de destrucción.
De esa cantidad, 11.084 corresponden a armas cortas, mientras que 1.610 son armas largas.
El Ministerio de Seguridad Pública señaló que es fundamental agilizar la coordinación con las fiscalías y los juzgados, instituciones encargadas de intervenir en los trámites necesarios para autorizar la disposición final de estas piezas.
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La destrucción de armas vinculadas con procesos judiciales requiere cumplir previamente los procedimientos correspondientes, especialmente cuando los objetos han sido incorporados como evidencia en investigaciones penales.
Por esta razón, aunque las armas se encuentren almacenadas y fuera de circulación, no todas pueden eliminarse inmediatamente.
Las autoridades consideran necesario avanzar con estos trámites para liberar capacidad de almacenamiento y mantener un control adecuado del armamento bajo custodia estatal.
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