La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio aval este lunes a una amnistía fiscal para 2026 que elimine multas, intereses y recargos, aunque mantenga intacta la obligación de pagar el capital adeudado por impuestos, derechos aduaneros y sanciones de tránsito.
Marvin Esaú Sorto, director general de Impuestos Internos, expuso ante la comisión que la medida tendría vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026 y permitiría regularizar obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año. El beneficio alcanzaría a personas naturales, empresas, cooperativas, asociaciones y sociedades de acciones simplificadas, según explicó el funcionario.
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Sorto afirmó que el proyecto no busca favorecer a quienes evadieron impuestos, sino facilitar la regularización de contribuyentes que no lograron cumplir con sus obligaciones tributarias. “No venimos a pedir que se exonere el capital adeudado”, sostuvo durante la sesión. “Lo que venimos a pedir es que se le exonere de aquel castigo” correspondiente a multas, intereses y recargos.
La medida incluye deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito
La propuesta permitiría que los contribuyentes paguen el impuesto principal sin asumir las penalidades acumuladas por declaraciones omitidas, pagos incompletos, saldos a favor improcedentes o declaraciones presentadas sin cancelar el monto liquidado.
El alcance también incluye casos en fiscalización, procedimientos de audiencia y apertura a pruebas, recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, expedientes ante la Fiscalía General de la República y acciones de amparo constitucional, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el decreto.
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Según Sorto, los contribuyentes con procesos judiciales podrán desistir de manera total o parcial de sus reclamos para acogerse al beneficio. En esos casos, deberán presentar el desistimiento ante la instancia correspondiente y luego tramitar un acuerdo de pago ante la Dirección General de Tesorería.
La iniciativa abarca además obligaciones aduaneras. Podrán acogerse quienes no presentaron declaraciones de mercancías, incurrieron en omisiones o inexactitudes, o dejaron pendientes el pago de derechos arancelarios a la importación y otros tributos vinculados con operaciones de comercio exterior.
El proyecto también contempla las retenciones y percepciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios —el IVA— y las retenciones del impuesto sobre la renta. Sorto señaló que, en esos casos, la normativa prevé multas equivalentes al 100% de los montos retenidos y no enterados al fisco.
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Las multas de tránsito no se eliminarían, pero sí sus recargos
La amnistía no perdonaría la multa impuesta por una violación a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El beneficio se limitaría a los intereses y recargos generados por el impago de esas sanciones. La misma regla aplicaría a multas establecidas por otras instituciones públicas: el infractor deberá pagar el monto principal, aunque podría quedar exento de cargos adicionales.
“En ningún momento el Ministerio de Hacienda está solicitando la exoneración de multas a los que han sido infraccionados”, afirmó Sorto. La cartera prevé coordinar la aplicación de la medida con el Viceministerio de Transporte, la Dirección General de Tesorería y otras entidades que intervienen en el cobro de sanciones.
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El pago podrá hacerse en nueve cuotas sin intereses
Los contribuyentes que no dispongan de recursos para cancelar la deuda en un solo pago podrán solicitar un plan de hasta nueve cuotas mensuales. La primera deberá equivaler al 10% del impuesto complementario adeudado y el saldo se distribuirá en ocho pagos sucesivos.
Durante ese período, el acuerdo no generaría multas ni intereses, a diferencia de los planes ordinarios de pago previstos en el Código Tributario. Si el contribuyente incumple una de las cuotas, perderá el beneficio de la amnistía y Hacienda reactivará el cobro de las penalidades, explicó Sorto.
La medida también permitiría regularizar sociedades inactivas, entidades que no presentaron declaraciones en cero y empresas que necesitan actualizar datos ante la administración tributaria, como el domicilio para notificaciones o el nombramiento de un auditor fiscal.
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Sorto señaló que un emprendedor que omitió declaraciones por desconocimiento, un trabajador que no presentó su primera declaración de renta o un pequeño negocio que no enteró retenciones podrán ponerse al día mediante este mecanismo.
Hacienda atribuye el mayor alcance de la amnistía a pequeños contribuyentes
La amnistía fiscal de 2025 benefició a 56.195 contribuyentes, indicó Sorto. Según los datos expuestos ante la comisión, el 71% de la recaudación obtenida durante esa medida provino de pequeños contribuyentes; el 15%, de medianos, y el 14%, de grandes contribuyentes.
El funcionario también afirmó que la amnistía anterior dejó “más de $ 60 millones” que, según la visión del Ministerio de Hacienda, los beneficiarios destinaron a la economía nacional en lugar de pagar multas e intereses.
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