Exiliados exigen identificar a todos los responsables del atentado contra dos opositores nicaragüenses

El pronunciamiento reclama que una eventual sentencia contra Jeremy Jacob Rivas Núñez no cierre las indagaciones por el tiroteo ocurrido en San Pedro de Montes de Oca el 10 de enero de 2024

Automóvil azul con impactos de bala y cinta policial, junto a un recuadro circular con los rostros de una mujer y un hombre.
Los fundadores de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses declararán en el proceso contra un hombre acusado de intentar asesinarlos en enero de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Unidad de Exiliados Nicaragüenses pidió este lunes que la justicia de Costa Rica aplique la pena máxima prevista por la ley en el proceso por el atentado armado contra sus fundadores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, y que la investigación avance sobre todos los posibles responsables.

La pareja sobrevivió al ataque del 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, aunque ambos quedaron con secuelas físicas y emocionales. En la antesala del juicio, las víctimas sostienen que una sentencia contra el acusado no debería cerrar el caso si todavía existen dudas sobre la planificación, coordinación y ejecución del crimen.

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Maldonado y Robleto, junto con organizaciones de derechos humanos, también reclamaron que las autoridades costarricenses analicen el atentado en el contexto de las denuncias de persecución contra opositores nicaragüenses fuera de Nicaragua.

Piden pena máxima por el atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto en Costa Rica.
Piden pena máxima por el atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto en Costa Rica.

Las víctimas declararán de forma virtual ante la justicia costarricense

Según información difundida por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el juicio comenzará el 6 de julio de 2026 en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. La audiencia estaba prevista para cinco días, aunque el plazo podía extenderse de acuerdo con el desarrollo del debate.

Maldonado tenía previsto declarar el 7 de julio y Robleto, el 8, ambos por vía virtual. Para la pareja, las comparecencias implican volver sobre una agresión que dejó consecuencias en su vida cotidiana.

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“Estamos agradecidos con Dios por estar con vida. Ante la magnitud del atentado logramos sobrevivir y eso nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que nos pasó”, afirmó Maldonado, según el colectivo.

Un acusado enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado

El proceso judicial tiene como acusado a Jeremy Jacob Rivas Núñez. El abogado de las víctimas, Marlon Antonio Medina Robleto, presentó una querella ante la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado contra Maldonado y Robleto.

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Maldonado afirmó que la Fiscalía y la representación legal de las víctimas presentaron elementos que, a su juicio, sostienen la acusación durante una audiencia celebrada el 15 de abril de 2026.

“Las pruebas son contundentes. El procedimiento se desarrolló con normalidad y la querella presentada por nuestro abogado fue sólida”, señaló.

Las organizaciones reclaman protección para los exiliados nicaragüenses

Las víctimas pidieron que el atentado sea analizado dentro de las denuncias sobre acciones contra opositores nicaragüenses que viven fuera de su país. Maldonado mencionó el asesinato en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Danilo Samcam Ruiz como un hecho que, según planteó, evidencia los riesgos que enfrenta la comunidad exiliada.

“Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”, manifestó.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica que garanticen un juicio independiente, respetuoso del debido proceso y con medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses que denuncian persecución en el exilio.

También pidió el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil durante el proceso.

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