Presupuesto de 2027 por $635 billones pasó en el Senado y enfrenta su última prueba en la Cámara

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, recibió el respaldo de la plenaria del Senado y ahora debe superar la votación definitiva en la Cámara de Representantes. El Congreso tiene plazo hasta la medianoche del martes 20 de octubre para definir el trámite de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La aprobación en el Senado se produjo el lunes 19 de octubre, después de una extensa jornada de discusión que se prolongó durante varias horas. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor y uno en contra en la votación definitiva, mientras que la bancada del Pacto Histórico se retiró antes de la recta final del debate. La Cámara, que entró en receso cerca de la medianoche, pero se citó de nuevo para las 12:10 de la mañana.

El proyecto establece los recursos que tendrá el Estado para financiar su funcionamiento, atender el servicio de la deuda y ejecutar inversiones durante el próximo año. El monto aprobado supera en aproximadamente un 10% la propuesta presentada por el Gobierno de Gustavo Petro y representa un aumento cercano al 14% frente al presupuesto de la vigencia anterior.

Así se distribuirán los recursos del Presupuesto 2027

La propuesta contempla tres grandes componentes de gasto. De acuerdo con la distribución presupuestal, $393,2 billones se destinarán a funcionamiento, $147 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión.

El rubro de funcionamiento reúne los recursos necesarios para la operación de las entidades estatales y el cumplimiento de sus obligaciones. El servicio de la deuda corresponde a los compromisos financieros del Estado, mientras que la inversión permite financiar programas, proyectos y otras iniciativas públicas.

Durante el trámite legislativo se plantearon modificaciones a la distribución de los recursos entre sectores y entidades. Algunos de esos cambios se orientaron a fortalecer partidas para salud, educación e infraestructura, mientras que otros generaron controversia por sus efectos sobre organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uno de los asuntos centrales del debate fue la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades del Estado sin aumentar las presiones sobre las finanzas públicas. El Gobierno defendió el monto de la iniciativa, mientras que sectores de la oposición cuestionaron la composición del gasto y la capacidad de financiación del presupuesto.

Los cambios en salud, educación e infraestructura

Entre los ajustes discutidos durante el trámite se encuentran recursos adicionales para distintas entidades. En salud se planteó una asignación adicional de $3 billones mediante una redistribución de partidas del Ministerio de Hacienda.

En educación se incorporaron $100.000 millones adicionales para inversión. El Congreso también recibió un incremento de $100.000 millones, distribuido en partes iguales entre el Senado y la Cámara de Representantes, con $50.000 millones para cada corporación.

El Ministerio de Minas y Energía obtuvo un aumento cercano a $3 billones para atender programas relacionados con subsidios de electricidad, gas por redes, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en regiones fronterizas. Con ese ajuste, la partida del sector pasaría de $7,5 billones a cerca de $10,51 billones.

A su vez, el Ministerio de Ambiente tendría $26.500 millones adicionales, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Vías (Invías) recibirían $100.000 millones cada uno. En el caso de Invías, los recursos estarían dirigidos a proyectos en Santander.

La Defensoría del Pueblo también planteó una modificación interna de $30.000 millones, trasladados del rubro de inversión a gastos de funcionamiento. Este tipo de movimiento modifica la distribución interna de los recursos de la entidad, sin representar por sí mismo un aumento del monto total del presupuesto nacional.

La JEP y las proposiciones que generaron controversia

Uno de los puntos que concentró la discusión fue la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el trámite se planteó reducir en $11.402 millones el presupuesto de inversión de la entidad y trasladar esos recursos al Ministerio de Defensa para atender indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP.

La proposición, atribuida al representante del Centro Democrático Daniel Briceño, señala que los recursos se destinarían al pago de sentencias ejecutoriadas. La modificación generó discusión por el efecto que tendría sobre los recursos de inversión de la jurisdicción transicional. La cifra exacta consignada en la propuesta es de $11.402 millones, no de $11.000 millones cerrados.

Otro de los asuntos discutidos fue la inclusión de facultades extraordinarias para que el presidente pueda trasladar excedentes de determinadas partidas presupuestales al denominado Fondo Milagro. La propuesta hace parte de las disposiciones que fueron objeto de debate en el articulado y que han generado inquietudes sobre el alcance de las atribuciones del Ejecutivo.

En el Senado, 65 artículos que no tenían proposiciones se votaron en bloque. Además, pese a que la senadora Jennifer Pedraza solicitó votar de manera individual los artículos 2, 90, 91 y 92, estos se sometieron a una votación conjunta, en la que obtuvieron 58 votos a favor y 15 en contra. Cerca de 800 proposiciones adicionales fueron rechazadas en bloque.

Tensiones políticas durante la discusión

La jornada legislativa también estuvo marcada por diferencias entre las bancadas. El Pacto Histórico se retiró antes de la votación definitiva del proyecto en el Senado, en desacuerdo con la propuesta presupuestal del Gobierno.

Por su parte, integrantes de la bancada liberal abandonaron temporalmente la discusión en medio de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Andrés. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó conversaciones con los congresistas para facilitar su regreso al debate.

La discusión sobre los recursos de las entidades y las modificaciones a diferentes partidas se desarrolló mientras las plenarias avanzaban contra el plazo legal para decidir sobre el proyecto. La Cámara de Representantes debe definir si respalda el texto que recibió el visto bueno del Senado o si introduce cambios que requieran una nueva revisión.

El Gobierno prepara un proyecto de ajuste fiscal

El debate presupuestal se desarrolla en medio de las presiones sobre las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la necesidad de reconocer las obligaciones del Estado y ajustar la distribución de los recursos disponibles.

El funcionario también anunció que el Gobierno prepara una iniciativa separada de ajuste fiscal, denominada por la administración como una “ley de rescate”, con la que busca reducir el gasto público y reorganizar las finanzas estatales. Según lo expuesto por el ministro, el proyecto está prácticamente listo, pero su discusión se manejará por separado del Presupuesto General de la Nación.