La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó este lunes 19 de octubre de 2026, en segundo y último debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales iniciativas de reforma energética promovidas por el Gobierno, después de que no consiguiera los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva.
El expediente 23.414 recibió 31 votos a favor y 23 en contra, resultado que provocó su archivo y puso fin a un proceso legislativo de casi cuatro años, marcado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense.
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La propuesta, presentada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y respaldada por el actual Gobierno de Laura Fernández Delgado, buscaba transformar las reglas de generación y comercialización de electricidad, ampliar la participación de empresas privadas y modificar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dentro del sistema nacional.
Aunque la iniciativa había sido aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos favorables y 24 negativos, la segunda votación requería una mayoría calificada que el oficialismo no consiguió reunir.
¿Quiénes votaron a favor y quiénes rechazaron el proyecto?
La votación evidenció las diferencias entre las principales fuerzas políticas del Congreso.
Los 30 diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) respaldaron la iniciativa, junto con Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien fue la única legisladora ajena al oficialismo que votó favorablemente.
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Por el contrario, los 15 diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), los siete representantes del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se pronunciaron en contra.
Tres legisladores estuvieron ausentes.
La propuesta necesitaba al menos 38 votos porque contemplaba la creación de una nueva institución autónoma, lo que exige el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.
Por esa razón, pese a recibir más votos favorables que negativos, la iniciativa no pudo convertirse en ley.
¿Qué pretendía cambiar la armonización eléctrica?
El proyecto buscaba introducir modificaciones profundas en la organización del sector energético mediante la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN).
Esta estructura habría permitido que empresas públicas, generadores privados, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores participaran en operaciones de compra y venta de electricidad, bajo condiciones legales y regulatorias.
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Uno de los principales cambios consistía en que determinados consumidores de gran tamaño pudieran negociar directamente el suministro eléctrico con generadores autorizados.
Asimismo, contemplaba la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma que asumiría funciones de coordinación, operación y administración del sistema eléctrico actualmente concentradas en el ICE.
Sus promotores defendían la propuesta como una oportunidad para incrementar la competitividad, atraer inversión privada, diversificar las fuentes de generación y responder al crecimiento de la demanda energética.
Sin embargo, sectores opositores cuestionaban la posible pérdida de atribuciones del ICE y advertían sobre riesgos para las tarifas y el modelo de acceso universal a la electricidad.
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Negociaciones políticas fracasaron antes de la votación
En los días previos al segundo debate, el oficialismo intentó conseguir el respaldo de diputados liberacionistas para alcanzar los votos necesarios.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y el subjefe Juan Manuel Quesada afirmaron que habían mantenido conversaciones con siete diputados del PLN y que existían entendimientos sobre modificaciones futuras al sistema eléctrico.
Entre los planteamientos discutidos figuraban reformas relacionadas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y mecanismos de solidaridad tarifaria.
Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando Liberación Nacional condicionó su continuidad a que el Gobierno atendiera los reclamos por los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas.
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El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, negó que existiera un acuerdo firmado que comprometiera los votos de sus diputados.
Finalmente, ninguno de los congresistas verdiblancos presentes respaldó el expediente.
Oficialismo responsabiliza a la oposición por el fracaso
Tras conocerse el resultado, Nogui Acosta cuestionó duramente a los partidos que rechazaron la reforma.
“Hoy queda claramente establecido quiénes están a favor del progreso del país y quiénes defienden el status quo”, manifestó el jefe de fracción oficialista.
El legislador sostuvo que la reforma era necesaria para mejorar la capacidad energética del país y atraer empresas internacionales.
Desde la perspectiva del oficialismo, el rechazo representa una oportunidad perdida para fortalecer la competitividad, generar empleos y ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico.
Acosta también rechazó que la propuesta buscara debilitar al ICE, argumentando que la institución continuaría desempeñando un papel relevante como generadora de electricidad.
Diputada que votó a favor también criticó al Gobierno
Una de las reacciones más llamativas fue la de Abril Gordienko, quien, pese a respaldar la iniciativa, responsabilizó al Ejecutivo por no conseguir los acuerdos necesarios.
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“Si hoy no hay armonización, los únicos responsables son el gobierno de doña Laura Fernández y la fracción de Pueblo Soberano”, declaró la legisladora.
Gordienko cuestionó que el oficialismo no mostrara suficiente disposición para incorporar observaciones de otras bancadas, pese a que sí había negociado modificaciones en otros proyectos.
La congresista también manifestó preocupación por las condiciones del sistema eléctrico y la necesidad de fortalecer la planificación energética del país.
Liberación Nacional plantea una reforma alternativa
Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la decisión de su bancada y sostuvo que rechazar el expediente no significa oponerse a la modernización del sistema energético.
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El partido presentó cuatro proyectos alternativos para reformar el sector eléctrico, con el propósito de mantener al ICE como eje del modelo nacional y permitir cambios que, según la agrupación, protejan la solidaridad y la sostenibilidad.
Entre estas propuestas figura el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.
Los liberacionistas plantean continuar las conversaciones para construir una reforma que consiga mayor respaldo legislativo.
¿Qué ocurrirá ahora con el sistema eléctrico costarricense?
El rechazo significa que no entrarán en vigor las modificaciones contempladas en el expediente 23.414.
Por lo tanto, no se creará el Mercado Eléctrico Nacional bajo el modelo propuesto ni el Ecosen, y el ICE conservará las funciones que la iniciativa pretendía trasladar.
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Esto no implica que Costa Rica se quede sin suministro eléctrico ni que las tarifas aumenten automáticamente por el resultado de la votación. Los precios y la seguridad del abastecimiento dependen de múltiples factores, entre ellos la generación disponible, los costos operativos y las condiciones climáticas.
La discusión sobre la modernización del sistema energético podrá continuar mediante nuevas iniciativas legislativas.
Con esta decisión, el Congreso cerró uno de los debates económicos y políticos más relevantes del año, mientras permanece abierta la discusión sobre cómo garantizar electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos para los hogares y las empresas costarricenses.
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