Según un fallo del Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay deberá indemnizar por daños y perjuicios y afectación moral a un enfermero que estuvo preso tres años por homicidios de pacientes hasta ser absuelto por falta de pruebas. La cartera de salud deberá pagar unos USD 10.000 en total.
Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2012, cuando se hizo público que dos enfermeros habían matado a decenas de pacientes con la intención de terminar con el dolor de enfermos terminales. La cifra de muertos finalmente descendió a un total de 15 personas. Ambos funcionarios de la salud confesaron ante la Policía en ese momento.
“La confesión, que en nuestra legislación no hace plena prueba y debe valorarse en conjunto con las demás producidas, no son suficientes para una condena, sumado al hecho de que sin llegar a plantear la nulidad de las mismas (en caso de ser producidas bajo presión o violencia), sin dudas fueron hechas en un estado de perturbación emocional (...)”, expresa el fallo de la jueza Dolores Sánchez, al que accedió El Observador.
Las pruebas reunidas en su momento no confirmaron las confesiones de los enfermeros y estos posteriormente expresaron haber sido presionados por la Policía. En este sentido, la jueza explicó que, por ejemplo, uno de los enfermeros había declarado haber administrado morfina a pacientes provocando su muerte “en días en los que no fue a trabajar”.
Los enfermeros fueron absueltos tres años después de haber estado presos por falta de evidencia y allí uno de ellos inició una serie de demandas contra el Estado, específicamente direccionadas hacia las autoridades del Ministerio de Salud Pública de ese entonces.
El enfermero apuntó contra el subsecretario de Salud en 2012, el ginecólogo Leonel Briozzo, y lo acusó de haber hablado sobre él de “forma reiterada y pública” como un “asesino serial, infiltrado en la salud”. En este sentido, el hombre dijo que estas declaraciones le causaron una “gran conmoción” y “un perjuicio que le ha generado un gran daño moral cuya reparación impetra”, según la sentencia.
También se formalizó una queja contra la entonces ministra Susana Muñiz, quien “decía que aconsejaba que no se acercara a la salud luego de que recuperó su libertad”. “El Estado funcionó mal, ya que por culpa de sus representantes, se causó un daño moral irreversible”, determina el enfermero.
“Debe tenerse en cuenta la repercusión de los hechos en todos los diarios y canales de televisión, donde el subsecretario Dr. Briozzo afirmó que se trataba de un asesino infiltrado en la salud. La esposa del compareciente, Marcela Ramos, que trabajaba conjuntamente con él en el Hospital Maciel como enfermera, tuvo que ser atendida por psicólogos y psiquiatras, y estar certificada por casi 2 años. Debió abandonar su trabajo y desarrollarlo en una policlínica en Canelones con un sueldo menor. Debe considerarse la conmoción pública que produjo el accionar de la parte demandada. Todos estos hechos también afectaron a sus padres”.
La demanda del enfermero inicialmente fue por US$ 80.000, pero la Justicia finalmente resolvió que la indeminización se concrete en US$ 10.000.
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