El Salvador: el diario El Faro cerró su web por un día en protesta contra la censura de Nayib Bukele

Luego de que el gobierno de El Salvador aprobara reformas al Código Penal para encarcelar a cualquier persona que difunda información que supuestamente reproduzca mensajes de las pandillas, los periodistas del país centroamericano tomaron diferentes medidas para expresar su preocupación.

En el caso del diario El Faro, lanzó el jueves una medida de protesta sin precedentes en sus 24 años de historia, que implica el cierre de su página web durante todo un día, en rechazo de la censura.

Cuando los lectores intentan ingresar a su página web, encuentran un mensaje sobre un fondo negro bajo el título: No a la censura: “Desde hace muchos años, en este espacio nuestros lectores han encontrado un periodismo crítico y con una declarada intención de entender los fenómenos políticos y sociales que determinan las vidas de salvadoreños y centroamericanos”, comienza el comunicado.

“Entre ellos hemos explicado también a las pandillas, su origen y su desarrollo desmesurado en el norte de Centroamérica, de qué manera sometieron a una enorme parte de la población y también con qué políticos y gobiernos pactaron en secreto desde hace más de una década. Sin una prensa independiente, los ciudadanos nunca se hubieran enterado de estos pactos. Seguir explicando esto, seguir revelando esos pactos, es ahora un crimen que puede penarse con hasta 15 años de prisión en El Salvador”, continúan.

En el texto, afirman además que las reformas del Código Penal son una ”mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión”. El mensaje fue replicado en todas las redes sociales del diario.

“¿Qué deben saber los salvadoreños sobre las pandillas? Nada, según el régimen”, continúa.

Finalmente, los periodistas aseguran que, en una democracia no es el poder quien decide lo que se publica y lo que no.

”(La) nueva ley, a instancias expresas del presidente de la República, llega cuando ya se ha desmantelado la vida democrática y el régimen intenta ocultar por toda vía sus propias negociaciones con grupos criminales y su corrupción”, afirman.

“Por eso hoy, en protesta contra esta ley mordaza, hemos cerrado nuestra portada. El Salvador pagó un precio muy alto para obtener nuestras libertades. No podemos conceder que nos las arrebate un régimen que pretende mantener a los ciudadanos en la oscuridad. Mañana podrán encontrar aquí lo que hemos hecho y seguimos haciendo: periodismo. Hoy protestamos”, cierra el texto.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.

El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”.

Con la iniciativa de Bukele, que comparó su decisión con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o “cualquier expresión visual” que “explícita o implícitamente transmitan mensajes” de las pandillas.

En las diferentes comunidades de El Salvador es común observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos de pandillas contrarios.

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cesar Fagoaga, dijo el miércoles en conferencia de prensa que ahora se está “intentando creer de una forma totalmente equivocada que la prensa es, o ha sido, vocera de las pandillas”. Agregó que “no solo se nos está afectando a nosotros, se está afectando a la información de la población. Esta reforma lo que busca es que la gente se censure y que no digamos nada”.

La relación entre la prensa y Bukele ha sido tensa desde el inicio de su gestion.

La APES calificó las reformas al Código Penal “como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. Sostuvo que las reformas “amenazan con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que, desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, se busca esconder”.

“Lo que estamos viendo es otro paso por violentar la libertad de prensa, es un acto puro de censura”, agregó el relator de APES, Serafín Valencia.

“Lo que quiere el gobierno y la Asamblea Legislativa es que la ciudadanía no sepa la realidad en la que está viviendo”, afirmó el abogado Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana.

Por su parte, la abogada penalista Tahnya Pastor explicó que “las reformas establecen una prohibición directa a los medios de comunicación de producir mensajes presuntamente de pandillas que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Sin embargo, señaló que no se trata de una prohibición completamente abierto, ya que, por ejemplo, no se prohíbe escribir un libro de las pandillas, “pero sí retrasmitir mensajes para confirmar el control, la soberanía de las pandillas, para evitar la zozobra”.

Explicó que, con estas reformas, se penaliza a quienes usando las redes sociales publiquen videos de las pandillas en los que muestran sus armas y amenazan al gobierno y a la población, o mensajes de supuestos toques de queda en zonas específicas del país.

Además de los cambios ya mencionados se aprobó una ley para que el Estado pueda utilizar los bienes, dinero, armas de fuego, valores y otros activos que hayan sido incautados a los grupos criminales y que se encuentren bajo custodia del Ministerio Público, la policía y los tribunales de justicia. Estos bienes serán utilizados para el combate al crimen organizado.

(Con información de EFE y AP)

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