En medio de una crisis política y entre los intentos de encontrar coincidencias con sus opositores, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso indultó al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Antonio Vargas, y a dos acusados por participar en los incidentes de la crisis de octubre de 2019, provocada por la decisión del expresidente Lenín Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles.
El decreto 246, expedido por Lasso, indica que la autoridad competente debe ejecutar el “perdón de las penas privativas de libertad y multas que les han sido impuestas” de forma inmediata. Esto se cumplió la tarde del 9 de noviembre cuando Antonio Vargas fue liberado.
El expresidente de la Conaie, Antonio Vargas, fue sentenciado en 2017 a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de uso ilegal y tráfico de tierras y quien debía pagar una multa de USD 4.800. Vargas, que fue encarcelado en junio de este año, salió libre a menos de 24 horas del encuentro entre el presidente Lasso y el actual presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) anunció la liberación del líder indígena de la cárcel de Morona Santiago, en la Amazonía. El Servicio Nacional de Atención Integral, encargado de las cárceles, informó que Vargas tuvo un buen comportamiento y que no tenía faltas disciplinarias.
Inmediatamente después de la liberación de Vargas, a través de un comunicado, la Conaie expresó que “el indulto al líder histórico Antonio Vargas se hace efectivo como un acto humanitario y de justicia, tras haber sido encarcelado de manera ilegal y arbitraria”. Además, la Confederación aclaró que “la lucha del movimiento indígena contra la criminalización de la protesta es histórica, ante lo cual, seguiremos ejerciendo acciones por los cientos de luchadores sociales que aún permanecen criminalizados injustamente”.
En el comunicado, la Conaie también hizo referencia a la crisis carcelaria y exhortó a que se revean las sentencias pues aseguran que hay miles de ecuatorianos que “han sido encarcelados de manera ilegal y arbitraria”.
Aunque el indulto a Vargas ha sido visto como una estrategia del presidente Lasso para ganarse el favor del sector indígena, la Conaie enfantizó en que, para el diálogo con el Gobierno, se ratifican “los temas urgentes en materia económica y planteamientos”.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie y una de las voces más fuertes en contra de la administración de Lasso, ha dicho en más de una ocasión que la principal, pero no la única demanda que hacen al gobierno es que congele el diesel a USD 1.50, porque USD 1.90 –como propone el Gobierno– es imposible, y la gasolina a USD 2.10 y no a USD 2.55. En una entrevista con Infobae, Iza dijo que, además de los precios de los combustibles, “hay otros temas que se pueden tratar en las mesas de diálogo como el bajo precio de los productos de los campesinos, el problema minero, el problema del endeudamiento de la gente, la precarización laboral, la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades”.
La mañana del 10 de noviembre, se realizó una ceremonia indígena en el parque de El Arbolito, de Quito, previo al diálogo en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, convocado para las 11h00 de Ecuador.
En el parque El Arbolito, Leonidas Iza acompañado por las delegaciones y consejo de gobierno de la Conaie, marcharon hacia el Palacio de Carondelet, ubicado a 2.5 kilómetros del lugar. En una de sus intervenciones, Iza pidió que Lasso le diga hoy “a la cara” todo lo que ha dicho a nivel mundial y en los medios del país. Además, Iza dijo que “el país necesita saber la verdad sobre los Pandora Papers”, por el que el presidente Lasso es investigado en la Asamblea Nacional.
Además del congelamiento de los precios de los combustibles, la Conaie y el gobierno tratarán temas referentes a la moratoria y renegociación de las deudas y reducción de las tasas de interés del sistema financiero, los precios y compras públicas de los productos campesinos, las políticas públicas para la generación de empleo digno y para evitar la precarización laboral, la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva en la Amazonía, además de la protección de territorio y libre determinación de los pueblos.
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