Nicaragua: las esposas de dos candidatos opositores detenidos denunciaron la brutal persecución del régimen de Daniel Ortega

Las esposas de los opositores nicaragüenses encarcelados Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, detenidos por el régimen de Daniel Ortega tras presentarse como candidatos a las elecciones presidenciales, denunciaron su situación en el popular programa de reportajes estadounidense “60 Minutes”, emitido este domingo.

Victoria Cárdenas, pareja de Chamorro, describió en detalle en una entrevista en Washington el momento de la detención del político, que estaba considerado uno de los opositores favoritos.

“Ocho patrullas de la policía vinieron. Había muchos coches, mucho ruido, mucha gente saltando por encima de nuestro muro”, recordó Cárdenas en una entrevista en inglés, en la que detalló que el arresto llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del régimen fue “violento”.

“Él estaba en el suelo con sus manos en alto diciendo ‘estoy aquí, por favor no le hagan nada a mi mujer, no estamos armados’”, aseveró.

El programa explica a los espectadores que, tras el regreso de Ortega al poder en 2007, el dictador ha cambiado la Constitución para poder quedarse más mandatos al frente del país, y que ha nombrado a su mujer Rosa Murillo vicepresidenta, y a sus hijos consejeros presidenciales o ejecutivos en importantes compañías petroleras o de medios de comunicación.

Apuntó, además, que en 2018, en el marco de las protestas que se desataron tras sus propuestas de recortes en gastos sociales, al menos 350 personas fueron asesinadas por policías o efectivos paramilitares apoyados por el régimen de Ortega, y 700 más fueron arrestadas.

Madariaga fue uno de los mayores críticos del dictador sandinista, que tras ser atacado y hospitalizado en 2018 fue seguido por la policía, según contó su esposa, Berta Valle.

“Le vigilaban, pusieron patrullas delante de su casa, la policía le decía que no podía salir”, denunció Valle.

Cárdenas también habló con la corresponsal de “60 Minutes” Sharyn Alfonsi sobre la situación de los detenidos en la cárcel en la actualidad: “Es una violación de derechos humanos fundamentales. (...) No sólo es mi familia la que está sufriendo, son más de 140 familias con prisioneros políticos que son inocentes y que están viviendo esta terrible situación”.

Cárdenas y Valle fueron entrevistadas en Estados Unidos, donde han estado pidiendo ayuda para liberar a sus maridos, unos esfuerzos que han llevado a Ortega a acusarlas de “traidoras a la nación”, por lo que aseguran no poder volver a Nicaragua ante el temor de ser arrestadas.

“No sólo detenidas, sino que si me condenan, podría pasar el resto de mi vida en la cárcel”, dijo Valle.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), manifestó que los actos del dictador nicaragüense son un inquietante retroceso a otra época: “La deliberada y flagrante represión de Ortega contra los líderes pacíficos de la oposición es algo sin precedentes en América Latina desde los años 70 y 80, cuando la mayor parte de la región estaba bajo una dictadura militar”.

“Como Ortega controla el Congreso, consiguió aprobar a finales del año pasado una ley que sancionaba -como traición esencialmente- cualquier crítica al gobierno”, agregó.

Nicaragua celebrará el próximo domingo 7 de noviembre sus primeras elecciones generales tras las protestas que estallaron en abril de 2018. Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Esos comicios se desarrollarán en medio del arresto de cerca de cuarenta líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes y profesionales independientes, incluido siete que querían competir con Ortega por la jefatura de Estado: Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Noel Vidaurre y Juan Sebastián Chamorro.

Además, sin la participación de tres partidos políticos opositores, la ilegalización de más de 50 ONG, con más de 150 “presos políticos”, con decenas de miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio por razones de seguridad o económicas, y con la ocupación policial del influyente diario La Prensa que dejó de circular en su versión impresa.

El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia.

En un informe titulado “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, la CIDH consideró que ese conjunto de acciones promovidas después de las protestas de abril de 2018 ha tenido como fin impedir la participación de la oposición en las elecciones, “dejando a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la ronda electoral libre de competencia”.

Por tanto, según la CIDH, los comicios en Nicaragua ocurren “en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos”, en el que Ortega busca “la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”.

“El gran desafío es buscar fórmulas con la participación de la sociedad civil con el fin de restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de Derechos mediante la separación de poderes, así como garantizar las condiciones para la realización de elecciones justas, libres y transparentes”, anotó.

Para el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, Ortega busca su tercera reelección consecutiva con “un plan doloso para acabar con la democracia”.

Con información de EFE

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