
El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este lunes que en El Salvador se está cuestionando “el funcionamiento del Estado de derecho”, después de la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.
“Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador, que cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes”, escribió Borrell en Twitter.
“La seguridad jurídica y fiscal de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada”, agregó el alto representante.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a Melara, con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
Los diputados oficialistas, que suman 64 votos de los 84 diputados, acusaron a los magistrados de “fraude a la Constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia, mientras que a Melara lo señalaron de poseer vínculos con un partido opositor.

El mismo tribunal declaró inconstitucional la decisión del Parlamento, por lo que El Salvador cuenta ahora con dos Salas de lo Constitucional.
Además, Melara, la ex magistrada Marina Marenco de Torrento y el ex magistrado Aldo Cáder, han presentado sus cartas de dimisión.
Borrell se sumó hoy a la condena que también expresó el sábado al propio Bukele el gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Legislativa para destituir a los jueces del tribunal constitucional”, publicó en Twitter la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Añadió que “un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”.
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