La presentación de un Plan Nacional de Seguridad del gobierno de Yamandú Orsi generó expectativas durante el primer año de gestión. El ministro del Interior, Carlos Negro, lo había definido como un “modelo uruguayo” para la seguridad pública, que dejara de lado medidas autoritarias de otros lugares de la región. El jueves, el mandatario convocó a su gabinete para presentar el documento final.
El plan le da un nivel más protagónico a las Fuerzas Armadas y propone penas mayores a algunos delitos, como el porte de armas. Se traza un horizonte de 10 años para aplicar las medidas y ya fue criticado por la oposición, porque considera que la propuesta final no cumple con las expectativas.
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El “modelo uruguayo” tiene siete ejes estratégicos, pero el documento también incorpora un diagnóstico de la realidad uruguaya. La seguridad pública presenta “daños graves y persistentes”, caracterizados por la violencia letal, la expansión de economías criminales, la violencia contra mujeres y menores y nuevas modalidades de delitos (como las estafas).
Las propuestas del Gobierno
Son 135 medidas en total las que se incluyeron.
El Gobierno anunció que habrá militares en la frontera. Para esto, creará un centro de comando unificado para extender la jurisdicción a las Fuerzas Armadas a toda la frontera del país. La medida requiere ser aprobada por el Parlamento.
Habrá una policía especial para eventos deportivos, de forma que los días de partidos riesgosos no disminuya la presencia de los efectivos en los barrios. Cuando se desarrollan estos espectáculos se destinan al menos unos 1.000 policías.
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Se definió también un control del mercado de municiones. En concreto, el Gobierno planea enviar un proyecto de ley para aumentar las penas de quienes portan armas.
Negro dijo que este mercado hoy está “absolutamente liberado” y sin un mecanismo de control. “Sin municiones, las armas de fuego no son operativas”, dijo en la conferencia de prensa.
Se establecerán “anillos digitales” para ingresar a Montevideo. Habrá cámaras de reconocimiento facial y matrículas de autos para controlar el acceso a la capital.
Se crea una fiscalía especializada en temas penitenciarios, para atender los delitos que se cometen dentro de las cárceles.
Se trabaja en la inclusión de 2.300 policías para vacantes y nuevos cargos para el año 2027.
El plan de seguridad uruguayo incluye el concepto de “justicia terapéutica”, pensado para quienes cometen delitos menores y son adictos a las drogas. “Lo que más necesitan es el trabajo en salud para abandonar las adicciones”, dijo Orsi, en la conferencia de prensa en la que se hicieron los anuncios.
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El Gobierno uruguayo también anunció nuevos dispositivos para violencia de género y doméstica. Agresores que no son contemplados con las tobilleras serán incluidos a través de nuevos dispositivos electrónicos. En la conferencia de prensa, el ministro del Interior recordó la muerte de Jonathan –que murió luego de que su padre le diera una golpiza– para anunciar otra medida: la policía tendrá una “alerta roja” para actuar de manera rápida.
Una fórmula que “fracasó”
Un “porcentaje importante” de los uruguayos se siente inseguro, reconoció Negro al anunciar las medidas del plan y se comprometió a trabajar el doble.
El presidente Orsi, por su parte, dijo que la estrategia presentada “no empieza de cero”. “Es fruto de un trabajo de muchos años, de acumulación de la Policía Nacional”, dijo en la conferencia de prensa que encabezó este jueves.
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El ministro Negro, en tanto, dijo que el plan muestra “otra forma” de hacer seguridad. Definió que el camino que siguió el Gobierno es participativo, algo que no implica “eludir la responsabilidad”. “Esto no es un cogobierno. Esto es un diseño de un plan por parte del Gobierno que recoge la opinión de todos los sectores de la sociedad”, dijo el secretario de Estado.
El jerarca –que ha señalado que Uruguay acumula 30 años de “fracasos” en políticas de seguridad– señaló que este plan es diferente a las recetas que había en el pasado. Según él, hasta ahora los políticos hacían “una lista” de medidas que se convertían en proyectos de ley que, en general, proponían aumentos de penas. A veces, criticó, solo le “cambiaban el nombre” a los delitos que ya existían.
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“Nosotros quisimos salir de esa dinámica porque sabemos que esa fórmula fracasó. Parte de lo que hoy estamos viviendo también es consecuencia del fracaso sistemático de otras formas de hacer seguridad pública”, dijo el jerarca.
El presidente Orsi dijo que las medidas no son “un congelador”, en referencia a que el plan puede ser modificado.
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