El gobierno de Chile anunció que negará nuevo retiro de fondos de pensiones aunque el Congreso lo apruebe

La negativa del secretario de Estado le ha costado incluso ser blanco de duras recriminaciones públicas. A la luz de los resultados del último sondeo de Pulso Ciudadano, correspondiente a la segunda quincena de octubre, arrojaron que el proyecto de segundo retiro del 10% de la AFP cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía. La encuesta arrojó que un 85,7% de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa del segundo retiro.

La jornada de este jueves, terminó la discusión punto a punto que tenía responsabilidad de desarrollar la comisión de Constitución de la Cámara. Uno de los principales puntos acordados en la instancia es que este retiro sea en la misma línea que el primero, que fue realizado en julio, con un monto mínimo de 35 UF (USD 1.320) y máximo de 150 UF (USD 5.680) y fijando como diferencia que se deberá entregar por parte de las AFP en solo una cuota.

Ahora, ingresa a discusión en la Sala, lugar donde los parlamentarios discutirán su viabilidad. Será la etapa crucial, debido a las expectativas del Gobierno, que esperaba que proyecto se frenara en las primeras gestiones de su discusión. Contrario a esto, desde los partidos oficialistas varios ya se han mostrado disponibles a aprobar el retiro. De ser aprobado, para lo que son necesarios 93 votos, el proyecto avanzará hasta el Senado, donde primero se revisará en su respectiva comisión de Constitución.

Finalmente, la iniciativa debería llegar a la Sala de la Cámara Alta para ser votada, lo que podría ser su último paso para su aprobación definitiva, a menos que se introduzcan cambios y tenga que volver a la Cámara de Diputados. Lo anterior, también es considerado como medida para dilatar la discusión, pero apremia que se legisle antes de las fiestas de fin de año.

Por su parte el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el gobierno de Sebastián Piñera buscará los mecanismos para bloquear el proyecto del segundo retiro del 10% para que no se convierta en ley. “Hay un tema de fondo que se ha hablado poco: En un régimen presidencial que tiene Chile, aunque a muchos no les guste, hay prerrogativas que son exclusivas, como definición de gastos, materias de seguridad social e impuestos”, prosiguió.

Además de su postura que ya es rechazada por la ciudadanía, se sumó una nueva polémica del secretario de Estado, luego de que se hiciera público que, a través de un oficio formal, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, entidad que regula a las administradoras de fondos previsionales, la nómina completa de quienes retiraron el primer 10% desde las AFP. Una petición que preliminarmente podría ser normal para ahondar en la masiva solicitud de fondos, sin embargo, muchos repararon en que dicho listado debe incluir no sólo el nombre, la institución y el monto requerido, sino que los RUT de cada persona, dato sensible y personal.

El hecho fue dado a conocer por Luis Mesina, vocero del Movimiento No + AFP, quien mostró públicamente el documento firmado por Briones y preguntó. “¿Qué persigue el Ministro? No corresponde, ¿Dónde queda la privacidad de la información?”, preguntó en redes sociales.

Tras conocerse la petición, el ministro, que acostumbra a movilizarse en transporte público y caminar hasta su oficina cada mañana, fue duramente increpado por transeúntes cuando se dirigía al ministerio de Hacienda, ubicado en pleno centro de la capital chilena.

Algunas personas le recriminaron la solicitud de información personal que pidieron el primer retiro del 10%. Otros le pidieron explicaciones por su oposición al segundo retiro.

La respuesta del secretario de Estado llegó minutos más tarde a través de Twitter en la que explicó las razones de la solicitud de la información. “No se trata de identificar personas individualmente, es con fines estadísticos. Para poder cruzar base de datos y poder combinar información general”, declaró.

En cuanto a su trámite legislativo, la discusión sobre el segundo retiro de los fondos será ardua. Al igual que para el primer trámite, las posturas a favor y en contra y la introducción de nuevas indicaciones podrían frenar su proceso. Se estima que la discusión se llevaría a cabo el próximo 18 de noviembre, y si finalmente se aprueba, pasará al Senado, si no, se discutirán en la comisión las distintas indicaciones introducidas, para regresar a la Cámara Baja.

Tras aprobarse, la moción, que es el texto refundido compuesto por las tres propuestas analizadas, pasa al Senado, donde hay dos alternativas. Que se apruebe tal como llegó y se convierta en ley, o que se le hagan cambios, lo cual la hará regresar a revisión por parte de los diputados. Si desde aquí aprueban los cambios, queda lista para convertirse en ley, si no, pasará a una Comisión Mixta que volverá a discutirla. Tras llegar a acuerdo, el proyecto que resulte, tendrá que ser votado nuevamente por ambas cámaras.

Todo quedaría en manos del Gobierno tras el trámite en el Congreso. Con un apoyo tan amplio, revelado por la encuesta Pulso Ciudadano, habría un riesgo de provocar una controversia, sin embargo el Ejecutivo parece estar en pie firme. Por su parte, poco a poco los senadores están perfilando un criterio frente a este proyecto, cuya tramitación hace un mes se veía lejana. Hoy, tras el respaldo ciudadano, varios miembros del Senado reconocen que no es lo óptimo, que produce un daño a las pensiones futuras, pero igualmente tienen presente la precaria situación de las familias que no han recuperado ingresos o han perdido el empleo.

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