El régimen de Daniel Ortega asesinó a su bebé, en el acta de defunción pusieron “suicidio” y la policía lo acosa para que no busque justicia

Imagínese en la siguiente historia. Carga en brazos a su bebé de 14 meses cuando un disparo, aparentemente de francotirador, le destroza su cabecita. En una moto, lo lleva aún vivo al hospital y, ahí, a los pocos minutos, le dicen que su hijo murió. La copia del acta de defunción que le entregan registra como causa de muerte: “Sospecha de suicidio”.

La Policía, en lugar de capturar al asesino, le acosa para que usted diga que los asesinos fueron otros y no quien usted vio que fue. El acoso llega a ser tal, que teme por su vida, huye con su familia al exilio a ganarse la vida en las calles de un país ajeno. Regresa año y medio después, usted ya no tiene trabajo de qué vivir y pone una venta de ropa usada en la calle. El acoso policial continúa sobre su negocio marginal porque usted es una historia que no quieren que se sepa.

No es la trama de exagerada de una serie o película hollywoodesca. Es la historia de los Lorío Navarrete, una joven familia de barrio pobre de Managua, Nicaragua, que no ha tenido paz desde que mataron al bebé Teyler Lorío de un disparo en la cabeza, el 23 de junio de 2018, cuando la familia entera iba a la casa de los abuelos.

“Estuvimos casi año y medio en Costa Rica, y meditando y meditando: la lucha no es allá, allá solo fue para salvaguarda la vida, pero donde murió mi hijo es aquí (Nicaragua), y aquí es donde me tienen que responder por él”, dice Nelson Lorío, 35 años, padre del bebé asesinado. “Sea quien sea, voy a dar con él. En el Distrito Siete (de la Policía) está la lista de los paramilitares que participaron en el “plan limpieza”. Ese mismo día mataron como a cinco personas. Ellos saben quién fue”.

El 23 de junio de 2018, dice Nelson Lorío, fue un día raro desde el comienzo. Amaneció brisando, recuerda. Ese día se celebra en Nicaragua el Dia del Padre y él tenía planes para festejarlo junto a su esposa, Karina Navarrete, su hija Joshuana María, de siete años, y el pequeño Teyler Leonardo.

Como de costumbre, salieron temprano del barrio Sabana Grande donde vivían, hacia Las Américas, para dejarles los niños a sus padres. “Siempre hacíamos eso. Los dos niños se quedaban con mis padres y nosotros dos nos íbamos a trabajar. En la tarde regresábamos por ellos”.

La familia se bajó de un bus en el Mercado Iván Montenegro y notó “bastante” presencia policial. Las calles estaban solas. Todavía estaban los tranques o barricadas, pero las personas que ahí se mantenían habían desaparecido.

“Yo iba caminando solo por la calle con mi esposa, mi hija y mi niño en brazos. A siete cuadras de donde mi papá, se escuchó un primer disparo. Luego un segundo disparo, yo digo de francotirador por la pausa entre cada disparo, como tres segundos. Este me le pegó en la cabecita. Hubo un tercer disparo buscando rematarnos. Nosotros buscábamos dónde meternos, pero la gente por miedo no abría las puertas de sus casas. Una señora me abrió precisamente para que no nos mataran a los cuatro”.

Hasta ese momento, Nelson Lorío pensaba que la herida de su hijo era leve. De frente solo se le miraba una pequeña herida, el niño estaba vivo, y parecía que quería decir algo, pero no salía sonido alguno. Una vez en la casa de la señora que les abrió la puerta, colocaron el niño boca abajo y pudieron ver que tenía la cabeza destrozada, y la masa encefálica expuesta. “Fue un tiro explosivo. Me le desbarató la cabecita. Ahí perdí las esperanzas”, relata el padre.

Desesperados, montaron a la madre y el niño agonizante en una moto y los llevaron al hospital Alemán. Ahí, al poco tiempo, les dijeron que había fallecido y les entregaron una copia del acta de defunción que registraba “sospecha de suicidio” como la causa de la muerte. Los padres incluso denunciaron este hecho en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Sin embargo, poco después, la pediatra que firma el acta de defunción, doctora Tammy Tijerino, aseguró que se trataba de un error ocasionado por el movimiento del papel carbón, y que el verdadero registro del acta de defunción fue: “Otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa”.

"El Ministerio de Salud emite un acta donde ponen “sospecha de suicidio”. ¡Un niño de 14 meses se puso una pistola en la cabeza y se disparó! Y en la manito le habían puesto una pulsera que decía “herida de arma blanca”, reclama Lorío no convencido aún con la explicación oficial

En esos días, que se llegaron a acumular más de 300 muertes como consecuencia de la represión, los hospitales públicos y el Instituto de Medicina Legal, evitaban reconocer como causas de muertes las heridas de bala u otras que, según organismos de derechos humanos, pudieran ser usadas como pruebas contra las fuerzas policiales y paramilitares en juicios posteriores.

“Fue una desgracia. Yo tenía planeado algo para el 23 (de junio) que se celebra en Nicaragua el Día del Padre. Fue mi primer hijo varón. Lo luché como cinco años para que mi esposa pudiera quedar embarazada. Luché cinco años para que el Señor me lo diera y en 14 meses un criminal me lo arrebata de un solo disparo. Mi hija se traumatizó y es a la fecha y no lo supera”, dice el padre.

Según organismos como la Coordinadora de la Niñez de Nicaragua (Codeni) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos 24 menores de 17 años fueron asesinados en Nicaragua durante la represión a las protestas populares de 2018. Entre ellos, una niña de dos años, un bebé de 14 meses (Teyler Lorío) y otro de cinco meses.

Las desgracias para la familia Lorío Navarrete no terminaron con la muerte del bebé, sino que, al contrario, comenzaron.

“Al muchacho que grabó el video lo secuestraron para que dijera que fue la gente de los tranques (barricadas de los opositores al régimen de Daniel Ortega) la que disparó, pero él no dio otra versión”, dice Lorío. Al abuelo del niño asesinado, don Jaime Lorío, lo citó la Policía y una vez en la comisaría le dijeron que ya sabían quién había matado a su nieto. “Le dijeron que eran los tranqueros que estaban en el sector de la Upoli (universidad). Y que estaban en Costa Rica. Pero eso es mentira. La versión que vimos nosotros es la que vale”.

“No soy tan mala persona para decir que fue alguien que no fue. No va a pagar justo por pecador. Tiene que pagar el que me hizo esto”, señala. “Fue el Estado por medio de una orden directa de Daniel Ortega”.

A Nelson Lorío también le comenzaron a llegar citatorios policiales. Tiene miedo, dice, que lo desaparezcan o lo presionen para cambiar la versión de la muerte, porque él, desde antes de la muerte de su bebé había sido un opositor activo en las protestas. Su familia le pide que salga del país y se va, legalmente, para Costa Rica. Al mes y medio, su esposa y su hija huyen del país por veredas. En Costa Rica viven sufriendo penurias, y al año y medio deciden regresar a Nicaragua para seguir reclamando justicia para su bebé asesinado.

De regreso, trata de recuperar su antiguo trabajo en un supermercado, pero le dicen que se lo guardarán hasta que haya un cambio de gobierno, porque tenerlo ahorita pone en peligro a la empresa. Busca ayuda con líderes opositores de la empresa privada, pero no le dan respuesta, y finalmente, para sobrevivir, decide poner una venta de ropa usada en la calle.

En varias ocasiones ha denunciado en su cuenta de Twitter el acoso policial. Patrullas que se colocan frente a su pequeño negocio y policías que toman fotos. “La gente tiene miedo de acercarse a comprar. No tenemos de qué vivir si no es de esta ventecita”, dice. “Toda la gente tiene miedo y de ese miedo es que se alimenta Ortega”.

Dice que un día habrá justicia para su hijo. “Yo sueño con una Nicaragua libre donde mi hija ande con su bandera, tranquila, y que pueda caminar por las calles sin que nadie le dispare. Y pienso algún día ver sentados en el banquillo de los acusados a la familia en el poder, a todo el aparataje, a los principales líderes de la Policía y el Ejército”.

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