
La Fiscalía Regional de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una red criminal dedicada al robo y comercialización de cobre desde las instalaciones de la mina El Teniente de Codelco en Rancagua (85 kms al norte de Santiago). El megaoperativo policial, bautizado como “Operación Veta Roja”, contempló el allanamiento de 70 viviendas y movilizó a unos 300 uniformados, dejando un saldo de 59 detenidos.
Entre las especies incautadas figuran cobre, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y herramientas utilizadas para ejecutar los delitos, razón por la cual todos serán formalizados este jueves por los delitos de robo en bienes nacionales de uso público, usurpación, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.
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De acuerdo al Ministerio Público, la banda operaba hace al menos dos años y su líder era un excarabinero que ya había sido investigado en 2023 por hechos relacionados con la receptación de cobre proveniente también de Codelco, causa por la que recibió una condena de 541 días mientras aún prestaba servicios en la Primera Comisaría de Rancagua.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, destacó el trabajo investigativo que permitió reunir antecedentes durante diez meses y desarticular la estructura criminal.
“Hemos desarrollado una investigación que en definitiva llevó a desbaratar una banda con 59 detenidos. Vamos a formalizar 30 delitos de robo y hurto de cobre”, adelantó este martes el persecutor, según consignó Emol.
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Información desde el interior de El Teniente
La indagatoria también alcanzó a trabajadores de la cuprífera estatal, puesto que dos funcionarios de la mina habrían “dateado” al resto de los integrantes de la red.
“Daban información privilegiada a las demás personas que se dedicaban al robo y comercialización del cobre”, explicó por su parte el fiscal de Análisis Criminal, Carlos López.
Sin embargo, la Fiscalía no ha podido establecer aún con precisión el volumen total de cobre robado, puesto que su cantidad varía según cada episodio.
“Es relativo, porque tenemos alrededor de 30 hechos que vamos a formalizar. Algunos son de 600 kilos, otros de 800 kilos. No podría dar una cifra precisa ahora”, explicó el persecutor.
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Tocante al destino de la carga, todo indica que era traslada hacia puntos de comercialización ubicados principalmente en Santiago y el puerto de San Antonio.

Sus roles
Los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa describen una estructura bien organizada, en la que cada integrante cumplía una tarea específica. La operación no terminaba con el robo del cobre, pues el material debía salir de zonas de difícil acceso, llegar a sus compradores y transformarse en dinero contante y sonante sin levantar sospechas.
Así, en los sectores cordilleranos actuaban las denominadas “cuadrillas de montaña”, encargadas de sustraer el mineral. Luego, el cobre era entregado a los llamados “muleros”, quienes utilizaban animales para transportarlo desde la montaña hasta lugares donde pudiera ser acopiado y trasladado con mayor facilidad.
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Otro grupo estaba compuesto por los “cortadores”, a quienes se atribuye la sustracción de cobre desde líneas eléctricas. Luego venían los receptadores, que utilizaban empresas de chatarra como fachada para dar salida comercial a las especies robadas. Dichas empresas habrían permitido insertar el cobre en el mercado y dificultar la identificación de su origen.
La investigación también identificó a presuntos testaferros, quienes habrían puesto bienes o ganancias a su nombre para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones, y a ellos se suma la participación de una mujer a cargo de las operaciones financieras de una de las empresas vinculadas a la estructura.
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