La oposición nicaragüense declaró este domingo “alerta nacional política”, por la “escalada represiva de violencia policial” del régimen de Daniel Ortega contra disidentes, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
En un pronunciamiento público, el movimiento opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que dicha escalada se acentuó a inicios de la presente semana, cuando integrantes de la Alianza colocaron imágenes del rostro del presidente Daniel Ortega con el bigote al estilo del dictador alemán Adolf Hitler (1889-1945), en el 80% de los municipios de Nicaragua.
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Ortega y una parte de la población nicaragüenses están enfrentados luego de los ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales en 2018, que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
Aunque la alerta fue catalogada como “política”, la Alianza Cívica hizo referencia a la violencia en general, que para una parte de la población ha incrementado, frente a la negativa de la Policía Nacional.
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Los opositores señalaron que los “robos, asaltos, muertos, y lesionados, por la delincuencia, tienen atemorizados al pueblo, luego que el régimen liberó unos 22 mil reos comunes en estos años (desde 2016)”.
La Alianza llamó a “todos los sectores a denunciar de manera activa estos acontecimientos y a la comunidad internacional”, y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “promover acciones para proteger al pueblo de Nicaragua, su libertad, su salud y sus vidas”.
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La alerta también abarcó el tema de la pandemia de la COVID-19, porque según los disidentes “la dictadura sigue promoviendo aglomeraciones que exponen al contagio, luego de recibir del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 43 millones de dólares para combatirla”.
La “persecución implacable contra los periodistas independientes, con acusaciones falsas y juicios amañados”, los “embargos y supuestos reparos de impuestos millonarios de cienes de empresarios, que reflejan una política de terrorismo fiscal por parte del régimen”, y el reciente embargo de una televisora no oficial, también llevaron a la Alianza a divulgar la alerta.
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“Todos estos hechos se están dando en periodo preelectoral, en que no hay señales de las reformas electorales que prometió el gobierno en diciembre de 2019, nublándose la certidumbre de las elecciones de 2021”, explicó el movimiento, que espera sacar a Ortega por la vía del sufragio dentro de 14 meses, en caso de no lograr que renuncie antes.
La Alianza también se quejó porque “el Gobierno solo está interesado en financiar su aparato represivo”, mientras “la carestía de la vida”, “la pobreza”, y la falta de inversiones" aumentan. “El país está perdiendo viabilidad aceleradamente, vamos hacia el derrumbe total de la débil institucionalidad, y va Nicaragua hacia una situación de caos e incertidumbre”, advirtió.
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La Alianza Cívica, que aglomera a representantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, fue la interlocutora del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis local en 2018 y 2019, que fracasaron entre acusaciones de que Ortega no cumplió con los compromisos de respetar la Constitución y los derechos humanos.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un “golpe de Estado fallido”.
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Con información de EFE
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