La Corte Especial del Tribunal Superior de Justicia de Brasil determinó este miércoles suspender por seis meses a Wilson Witzel de su cargo como gobernador del estado de Río de Janeiro.
Con 14 votos a favor y 1 en contra, los miembros del máximo tribunal decidieron confirmar la decisión del relator Benedito Gonçalves, que investiga al mandataro por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus.
La Corte Especial está formada por los 15 ministros más antiguos del TSJ. Se necesitaban al menos 10 votos (una mayoría calificada de dos tercios) para mantener a Witzel apartado de su cargo.
Luego de que se conociera la decisión, Witzel afirmó que respeta la decisión del Tribunal pero reiteró su inocencia. “Comprendo la decisión de los magistrados ante la gravedad de los hechos presentados. Pero reafirmo que nunca he cometido actos ilícitos. No recibí dinero de las arcas públicas lo que se comprobó en el registro y la incautación”, expresó.
Y agregó: “Continuaré trabajando en mi defensa para demostrar la verdad y tengo plena confianza en un juicio justo. Le deseo al gobernador en funciones, Cláudio Castro, la serenidad para realizar el trabajo que iniciamos juntos y que permitió devolver a la gente de Río de Janeiro seguridad en las calles y, con ello, la esperanza de un futuro mejor”.
El proceso legal comenzó luego de que el gobernador y otras ocho personas, entre las cuales están su esposa, Helena Witzel, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano, fueran denunciadas por corrupción por la Fiscalía General de la Nación.
Además de separar del cargo al mandatario regional, la Justicia ordenó la captura de 17 personas vinculadas con la red de corrupción, entre ellas, funcionarios públicos, políticos y empresarios.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, tras ser elegido como mandatario de Río, Witzel “estructuró una organización criminal dentro del gobierno regional”, la cual estaba dividida en tres grupos, que se disputaban el poder pagando sobornos a agentes públicos.
“Liderados por empresarios, estos grupos establecieron algunas de las principales carteras estatales, como la Secretaría de Salud, para implementar esquemas que beneficiarían a sus empresas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El Gobernador habría utilizado la oficina de abogados de su esposa para recibir dinero malversado a través de cuatro contratos simulados por un valor aproximado de 500.000 reales (unos USD 91.000).
Según la Fiscalía, además de los desvíos en el poder ejecutivo, algunos diputados y miembros del poder judicial también podrían estar beneficiándose del dinero público.
El pasado 26 de mayo la justicia ya había ordenado registrar la residencia del Gobernador y la oficina de su esposa por las irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus.
Tras los hechos, la Asamblea Legislativa de Río abrió un juicio político con fines de destitución contra Witzel, por las supuestas irregularidades durante la gestión de la crisis sanitaria.
Río de Janeiro vivió una de las peores crisis en el sistema público de salud al comienzo de la pandemia, un problema que viene de años atrás por las corruptelas de los gobiernos de turno y que estalló con la COVID-19.
Con 17 millones de habitantes, Río es el tercer mayor foco de contagios de la COVID-19 en Brasil, el segundo país del mundo con mayor número de infectados y fallecidos por el virus, con casi 4 millones de casos confirmados y más de 122.500 muertes.
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