La Justicia peruana ordenó la liberación de Keiko Fujimori en medio de la pandemia de coronavirus

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonará la prisión de Lima en la que cumple prisión preventiva durante 15 meses, después de que un tribunal declarara fundada la apelación presentada por su defensa.

La información fue confirmada este jueves por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, quien precisó que la excarcelación se concretará cuando se cumpla el procedimiento administrativo correspondiente, lo que puede darse entre el sábado y lunes próximo.

“Acabamos de ser notificadas que el Poder Judicial ha revocado la prisión preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia”, señaló Loza.

La medida se tomó en respuesta a la apelación de la orden de prisión preventiva dictada en enero pasado y cuando la defensa de Fujimori también había presentado otro recurso pidiendo el cese del encarcelamiento por la amenaza de la epidemia de COVID-19.

COMPARECENCIA RESTRINGIDA

En ese sentido, la resolución ordenó que Fujimori continúe con comparecencia la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue por presuntamente haber recibido dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

Establece que deberá pagar una garantía económica de 70.000 soles (unos 20.000 dólares) en un plazo máximo de cinco días hábiles y le impone restricciones como la de no ausentarse de su domicilio y presentarse cada treinta días a una oficina de control judicial.

FALTA DE DILIGENCIA

Los magistrados basaron su decisión en los argumentos legales que se usaron para enviar a Fujimori a la cárcel, al considerar que la sospecha de culpabilidad no es suficiente para dictar prisión preventiva y que la Fiscalía “no muestra diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible”, según detalló el diario La República, que tuvo acceso a la resolución completa.

Esta imputación contra la Fiscalía se produce en momentos en que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el país ha tenido que paralizar gran parte de sus diligencias e investigaciones por la epidemia de COVID-19.

Incluso el fiscal José Domingo Pérez, encargado de investigar a Fujimori, criticó que se celebrara la audiencia en la que se vio el pedido de la defensa de Keiko con el argumento de que se debía resguardar la salud de los participantes en esta investigación.

El fiscal Rafael Vela, quien dirige al equipo especial, había presentado un pedido para que el tribunal anulara la vista del recurso y señaló que durante la epidemia de COVID-19 se están dando “pedidos oportunistas, un uso procesal malicioso de un mecanismo de cese” de la prisión preventiva para investigados por corrupción.

Sin embargo, el tribunal admitió este jueves la seriedad del delito que se imputa a Fujimori, pero dijo que ni eso, ni una eventual condena severa o la posibilidad de fuga, “resultan suficientes luego de transcurrido cierto plazo” en prisión.

Consideró, por ese motivo, que la comparecencia es “suficientemente idónea” para impedir que Fujimori pueda obstaculizar la actividad probatoria de la justicia y agregó que se debe “evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y por ende excesiva” como la prisión preventiva.

ADEMÁS, COVID-19

Los miembros del tribunal también mencionaron la propagación de la epidemia de COVID-19 y aseguraron que la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha recomendado adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país, entre ellas la “revaluación de los casos de prisión preventiva”.

Así, la epidemia no aparece más que como un refuerzo a la tesis de la liberación, pero no es el argumento central que permitirá la liberación de Fujimori.

La política solicitó públicamente esta semana que se realicen pruebas de COVID-19 en el penal de Mujeres de Lima, donde también se encuentra la ex alcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, entre otras medidas para proteger a los presos en los hacinados penales de Perú.

Precisamente, este jueves, la Sala Penal Anticorrupción aceptó que Villarán deje la prisión donde cumple 24 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presunta corrupción, pero en su caso para cumplir arresto domiciliario.

Aunque un juez había denegado la semana pasada su pedido de excarcelación, la Sala Anticorrupción aceptó un recurso de reconsideración por el grave riesgo de contraer el COVID-19 en prisión para la ex caldesa, que tiene 70 años y varias enfermedades, entre ellas el lupus, que debilita el sistema inmunológico.

La situación en las hacinadas cárceles del país figura entre las principales preocupaciones de los especialistas, ya que hasta el momento se ha reportado unos 500 presos infectados y alrededor de una decena de muertos, al igual que más de 100 trabajadores penitenciarios infectados y tres fallecidos.

Hasta ahora, el virus ha dejado más de 36.976 infectados y 1.051 muertos en Perú.

(Con información de EFE)

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