Panamá se convertirá en el primer país de América Latina en recibir una herramienta digital regional para reportar sus Medidas de Fomento de la Confianza en bioseguridad y biocustodia.
El Ministerio de Salud (Minsa) administrará la plataforma de manera autónoma y sin costos de licencia para las instituciones beneficiarias del país.
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La iniciativa busca prevenir riesgos biológicos y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país centroamericano.
Responde a un acuerdo entre la OEA, la Unión Europea y el gobierno panameño
La transferencia de la herramienta se formalizó mediante un acuerdo de cooperación entre el Minsa y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).
El financiamiento proviene de la Unión Europea (UE), en el marco del proyecto regional de Fortalecimiento de la Bioseguridad y Biocustodia en América Latina.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, aproximadamente $3 millones, y se extenderá hasta junio de 2027.
Se informó que la plataforma permitirá recopilar, sistematizar y remitir información nacional vinculada a la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas.
Ese cumplimiento forma parte de los compromisos multilaterales que Panamá mantiene en materia de seguridad sanitaria.
La selección de Panamá como país piloto implica un reconocimiento a los esfuerzos nacionales, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
“Reafirmamos nuestro compromiso de convertir esta cooperación en resultados concretos y sostenibles, que fortalezcan la protección de la salud pública y la seguridad de nuestra población”, expresó el funcionario. La coordinación recaerá en la Dirección General de Salud Pública.
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El funcionario señaló que la Dirección General de Salud Pública coordinará el trabajo conjunto con las instituciones nacionales y los laboratorios vinculados a la salud humana, animal y vegetal.
Esa articulación interinstitucional, explicó, apunta a consolidar una cultura de responsabilidad y transparencia en el manejo de riesgos biológicos.
La representante de la OEA en Panamá, Alexandra Moreira, explicó que la herramienta excede el cumplimiento de una obligación internacional.
Definió este avance como un recurso práctico para fortalecer las capacidades del sector salud y de otras instituciones que gestionan riesgos biológicos.
Moreira agregó que la centralización de la información permitirá identificar recursos y capacidades existentes, además de facilitar la toma de decisiones.
La representante de la OEA destacó también que mejorará la coordinación entre las entidades responsables de la salud humana, animal y vegetal.
Sostuvo que la experiencia panameña podrá servir de referencia para otros países de la región.
Según Moreira, el caso demuestra cómo una herramienta tecnológica contribuye al fortalecimiento de capacidades nacionales y al cumplimiento de compromisos multilaterales.
La representante de la Unión Europea, Petra Mayoura, resaltó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar riesgos biológicos que trascienden fronteras.
Advirtió que esas amenazas pueden tener consecuencias para la salud, las economías y las sociedades.
La implementación del proyecto está a cargo de la OEA, con el financiamiento ya mencionado de la Unión Europea.
Para Panamá, encabezar esta experiencia regional implica modernizar los procesos de reporte y fortalecer la autonomía institucional en la materia. El país también espera mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la bioseguridad y la biocustodia.
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Los aprendizajes generados durante la implementación podrán compartirse con otros países latinoamericanos. Esa transferencia de conocimiento busca promover la cooperación regional y el desarrollo de capacidades para responder de forma coordinada ante eventuales amenazas biológicas.
Con la adopción de esta plataforma, el Minsa reafirma su apuesta por la innovación tecnológica y la cooperación internacional. El organismo sanitario panameño ubica estas herramientas como parte de su estrategia para proteger la salud pública y la seguridad de la población.
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