La Policía chilena cometió “graves violaciones de derechos humanos”, que incluyen uso excesivo de la fuerza, abusos en las detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
El documento elaborado por este organismo internacional, con sede en Nueva York, se difundió este martes en Santiago. Fue elaborado tras observar en el terreno el estallido social en Chile, que mantiene desde hace 40 días a miles de ciudadanos manifestándose por mejoras sociales y ha causado al menos 23 fallecidos.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las América de HRW.
HRW entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso (centro), entre víctimas, agentes policiales y autoridades. Representantes de la organización se reunieron este martes con el presidente Sebastián Piñera para presentarle las conclusiones.
El organismo dice haber recabado “pruebas consistentes” de que el cuerpo policial de Carabineros “utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.
HRW consigna que algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios. Otros señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías.
Las graves lesiones padecidas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según el organismo, “debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros”. Por eso llamó al Gobierno a acometer una “urgente reforma policial”.
El Gobierno contabiliza hasta el momento un total de 23 muertos desde el comienzo de las protestas, el pero HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una paliza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares —durante el estado de excepción que mantuvo 9 días al Ejército a cargo de la seguridad en buena parte del país— y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina.
Se menciona también el caso de “un manifestante con una afección cardíaca (que) murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo”. Finalmente, HRW recoge que la Fiscalía también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente se consideran suicidios.
El organismo señala que “una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto”.
Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, recoge HRW en su documento.
La organización señala que el uso de estas escopetas “debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias” debido “a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado”, y no solo de forma provisoria parcial como ha hecho Carabineros hasta el momento.
Los agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15.000 personas y, según HRW, “cometió abusos contra algunas de ellas”. “Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, señala el organismo. Además, se destaca que los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres.
El informe también recoge que, si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, “algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados”, y que más de 1.896 agentes de carabineros resultaron heridos y cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves.
Con información de EFE
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