El pleno de los Diputados de Brasil abrió este martes una sesión para discutir la polémica reforma al régimen de pensiones propuesta por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que el propio Congreso prevé que puede prolongarse hasta por 24 horas.
La reforma es la gran apuesta del Gobierno para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales, que creció a un ritmo insuficiente de 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.
"Vamos hasta la madrugada o hasta cuando sea necesario", declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, al abrir una sesión en la que la oposición pretende utilizar todas las maniobras previstas en las normas para impedir la votación, con lo que se calcula que pudieran llegar a estirar el debate hasta la tarde del miércoles.
El pleno de los Diputados debatirá un proyecto que ya ha sido alterado en una comisión parlamentaria, pero que si bien modificó algunos puntos claves de la propuesta del Gobierno, mantuvo una meta de ahorro fiscal que se calcula en un billón de reales (unos 265.000 millones de dólares) en diez años.
La reducción del gasto con un sistema de jubilaciones que el Gobierno del líder de la ultraderecha considera "quebrado" pretende acabar en una década con un crónico déficit del sector público y, al mismo tiempo, liberar recursos para la inversión en áreas claves.
Para lograr esa meta, el marco general del proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Entre las propuestas ya retiradas destacaba una que planteaba sustituir el actual sistema de reparto y adoptar en un plazo de diez años un régimen de capitalización, mediante el cual la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar durante su vida.
También fueron retirados de la reforma los ámbitos regionales y municipales del sector público y se propuso que continúen con sus regímenes diferenciados de los nacionales, pese a que el Gobierno planteaba unificar todo el sistema e insiste en que ese punto vuelva a ser incluido por el pleno de la Cámara baja.
El proyecto ha sido presentado como enmienda constitucional, por lo que tendrá que ser aprobado en dos votaciones en la Cámara baja y en otras dos en el Senado.
El Gobierno y la base oficialista corren contra el tiempo pues el Parlamento estará en receso entre el 18 de julio y 1 de agosto, con lo que quedan menos de diez días para concluir el trámite en la Cámara baja en este primer semestre, como pretende Bolsonaro.
Si fuera aprobado, para lo cual será necesaria en cada una de las votaciones en la Cámara de una mayoría de 308 votos, equivalente a tres quintas partes del total de 513 diputados, el proyecto deberá pasar por el Senado, lo que quedaría pendiente para el segundo semestre de este año.
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