
El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, denunció este lunes que se vio obligado a "pagar una extorsión para no ir preso" por el caso Lava Jato. En el relato de su historia al periodista Jamil Chade, que acompañó con diversos elementos probatorios, Tacla indicó que llegó a pagar a mediados de 2016 una "cuota" de 612.000 dólares a un abogado de Curitiba, Marius Arns, que estaba vinculado a la esposa del actual ministro de Justicia Sergio Moro, Rosángela. A cambio, Arns se "comprometía" a la defensa del imputado, algo que "nunca ocurrió".
Reveló que el acuerdo en las negociaciones era saldar, en cuotas, un monto total de 5 millones de dólares. Era la precondición para no ser detenido por las acusaciones que iban a recaer sobre él. Lo cierto es que unos después del "pacto", los hombres del Lava Jato lo identificaron como uno de los artífices de la distribución de coimas de la empresa ODB y pidieron su prisión.
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Desde Madrid, donde recibió a UOL, la web de prestigioso diario Folha de Sao Paulo, Tacla refirió que él realizó el depósito de la primera partida de dinero comprometida con Arns, desde su cuenta en Suiza a la cuenta del letrado en Curitiba (capital de Paraná). E indicó que hay constancias de esa transferencia. Insistió luego sobre los vínculos de Arns con Rosángela Moro, con quién el abogado curitibano había actuado codo a codo en varios juicios. Rodrigo Tacla reveló luego que solo abonaría la primera cuota, por entender que "esa extorsión· podría no tener fin".
El cese de los pagos acordados tuvo sus consecuencias. En noviembre de 2016 fue detenido en Madrid a pedido de Interpol, luego que se desatara en Brasil la Operación Dragón, destinada exclusivamente a ponerlo detrás de las rejas. Estuvo preso durante 70 días y finalmente fue liberado por la justicia madrileña. En esos dos meses y medio, el Arns (el hipotético defensor) no pisó tierra española para visitar en la cárcel a su teórico defendido.
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Posteriormente, Interpol retiró el alerta contra Tacla Duran. Y ahora el ex abogado de Odebrecht vive en España en total libertad. Con todo, los fiscales del Lava Jato no se dieron por vencidos. En mayo de 2017 presentaron una denuncia contra el "fugitivo" que tenía como objetivo pedir la extradición de Duran. España rechazó la solicitud procedente de Brasil.
En las negociaciones de 2016, que llevaron a Tacla a fimar el "convenio" con el abogado Arns, habría intervenido otro profesional: Carlos Zucolotto Junior, amigo personal del ex juez Moro y también ex socio de Rosangela.
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De acuerdo con el Folha de Sao Paulo, en sus declaraciones, Duran aseguró que Zucolotto le había ofrecido la "posibilidad de reducir la pena y la multa" a cambio de pagos por izquierda. Y según el ex Odebrecht, estaría también involucrado "DD", presuntamente el fiscal Deltan Dallagnol, cuyo nombre apareció numerosas veces en diálogos con Moro, por la vía de Telegram y que fueron transcriptos por The Intercept.
Ante de su detención en España, Tacla Duran estuvo el 18 de agosto en una reunión con autoridades norteamericanas. El objetivo era dar informaciones "sobre la corrupción en Brasil y en otros países latinoamericanos". El ex abogado de Odebrecht estaba justamente en Estados Unidos cuando el Lava Jato lanzó la primera orden de detención. De allí embarcó para España, donde Interpol lo aguardaba.
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Los verdaderos abogados defensores de Duran, del estudio EquiNord International Law Counsellors, sostuvieron en una presentación ante las autoridades suizas de febrero de este año que "con el objetivo de perseguir a Rodrigo Tacla y evitar la investigación de sus denuncias, los individuos mencionados continuaron en su afán de obtener una condena a cualquier costo de Duran, manipulando o intentando inducir a las autoridades suizas y españolas, y violando derechos fundamentales y el debido proceso legal".
Más aún, argumentaron que "el actual ministro de Justicia (Moro) persiste en su intención de dar continuidad a su persecución, enviando cartas internacionales conflictivas a diversos países".
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No deja de ser sorprendente el por qué de la decisión de la Interpol de excluir el nombre de Tacla Duran de su lista de buscados. La razón alegada por la institución internacional fue la siguiente: "Se considera que delante del comportamiento del juez que preside el caso en Brasil (es decir, Moro) hay suficientes dudas sobre la violación del artículo 2º de la Constitución de Interpol". Ese artículo se refiere a un compromiso de la entidad policial mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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