
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se dedica este año al ejercicio del periodismo en tiempos electorales y en los procesos de paz y reconciliación.
Este 3 de mayo la celebración dedicada a la libertad de prensa y la libertad de expresión lleva el tema "Medios para la democracia: Periodismo y Elecciones en los Tiempos de la Desinformación".
La UNESCO aprovecha la celebración para fomentar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.

En el caso de Cuba, desde hace décadas numerosos organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al activismo, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad.
En los últimos tiempos las violaciones a las libertades de expresión y prensa se han afianzado por medio de dos nuevos mecanismos legales: el Decreto 349, implementado por Miguel Díaz-Canel y denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística en la isla, y la nueva Constitución, que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.

Por 22 años consecutivos Reporteros sin Fronteras ha señalado a Cuba como el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019.
"La Constitución prohíbe que exista prensa privada. Los pocos blogueros y periodistas independientes que hay en la isla son amenazados constantemente por el gobierno, que los vigila muy de cerca; los agentes de seguridad no dudan en detenerlos y borrar la información que poseen", denuncia RSF.
También el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha llamado la atención sobre cómo el gobierno cubano busca desestabilizar a la prensa independiente y a los comunicadores por medio de las detenciones a corto plazo, un mecanismo "para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente".

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP) en su más reciente informe sobre Cuba señala que el artículo 149 del Código Penal, "usurpación de capacidad legal" es utilizado como delito para criminalizar la labor de los periodistas ciudadanos que trabajan en medios alternativos.
También señala el gran obstáculo que tienen los medios impresos para imprimir y distribuir sus publicaciones: "papel, impresoras, tinta o polvo no existen en el mercado formal" y agrega que tanto la impresión como la distribución "son considerados delitos por el Código Penal vigente, que junto a la Ley 88 continúan siendo las dos normas más peligrosas para el ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa".
La SIP, sin embargo, resalta un aspecto positivo en el panorama de la libertad de expresión: la activación del servicio de Internet por datos, desde los teléfonos celulares que ha aumentado la conectividad de los cubanos y ha facilitado su participación en debates y su consumo de noticias, sobre todo a través de Facebook y WhatsApp.

"Se reporta también un aumento del hackeo de cuentas en Facebook y Twitter, siempre pertenecientes a activistas de organizaciones políticas perseguidas por las autoridades. Los hackeos suelen venir sucedidos por el uso de esas cuentas en campañas de difamación contra opositores", denunció la SIP.
Por su parte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que la isla es el único país de América sin ninguna garantía para la libertad de expresión, una condición que pone en peligro no sólo a los periodistas sino también a los artistas, activistas, disidentes políticos y a cualquier persona dispuesta a expresarse de manera crítica contra las autoridades.
Este organismo señala que el ejercicio del periodismo en Cuba se ve limitado además por el poco acceso a Internet, el bloqueo de medios informativos, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes y el acoso contra periodistas independientes.
Además resalta que en los últimos tiempos aumentó "la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes".
Con información de Martí Noticias
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